8 El socialismo del siglo XXI. Alternativa bolivariana: el caso de Venezuela

El marco latino-americano

La realidad de América Latina es tan compleja y tan diversa, según el contexto, que resulta difícil de analizar. Cada situación es específica y no se pueden englobar procesos en denominadores comunes. El presente análisis no es más que un intento de recopilar las principales medidas y los rasgos principales de los modelos económicos y sociales que se están llevando a cabo, o que se están intentando llevar a la práctica en América. La reflexión más interesante no seria aquella basada en determinar si estos son modelos alternativos, bajo nuestro punto de vista, ya que la mayoría no lo son, sino pensar si estos procesos pueden consolidarse y si tienen un potencial para avanzar hacia la superación del capitalismo.

Podemos encontrar diferentes clases de gobiernos: los que se alinean con el neoliberalismo americano, como Colombia, Chile, Costa Rica y Perú; en el lado opuesto el socialismo cubano; en otras coordenadas se encuentran lo que podríamos denominar gobiernos híbridos, que flexibilizan el neoliberalismo hacia posiciones más sociales, como es el caso de Brasil, Argentina o Uruguay; y por último los gobiernos que pretenden romper con el neoliberalismo apoyándose en la movilización popular, aquí se encuentran Ecuador, Bolivia y Venezuela. Esta última experiencia es la que analizaremos más a fondo en este capítulo.

En el análisis de todos los casos es necesario tomar como punto de partida las consecuencias del neoliberalismo en América Latina. Son hechos destacados la destrucción del estado nacional y la restauración de las estructuras coloniales, la profundización de la extracción de la plusvalía, no solo en el sector agromineral, sino en todos los sectores primarios, secundarios y terciarios bajo control transnacional, la mercantilización de la sociedad, la criminalización de los movimientos sociales, la precarización laboral o la descualificación del sector público.

Los “gobiernos híbridos”

En América Latina el neoliberalismo reconstruyó un bloque de poder dominante. En Brasil se encargó de ello Henrique Cardoso, en Argentina tuvo lugar durante la dictadura y el menemismo. Existía una potente hegemonía financiera, una alianza con el empresariado industrial, especialmente exportador, y una acumulación de bienes de lujo.

Los nuevos gobiernos socialdemócratas mantienen una gran orientación de la política hacia los negocios, dando continuidad al modelo primario exportador y favoreciendo la entrada de capitales extranjeros, aunque al mismo tiempo destinan presupuesto público para luchar contra la pobreza, incrementan los sueldos y realizan consultas con las organizaciones populares. La subida de precios de las materias primas les ha beneficiado pero también sufren la crisis. Lula da Silva afirmaba que “nunca los ricos ganaron tanto, nunca los pobres mejoraron tanto su nivel de vida”.

En el caso brasileño, podemos decir que el gobierno socialdemócrata favoreció la desmovilización de los movimientos sociales y transformadores de izquierdas. Este gobierno tiene como características tres líneas principales: identifica la democracia con la democracia burguesa, busca “alternativas” dentro del capitalismo y abandona la idea antimperialista. En definitiva, acabó dando continuidad a la política neoliberal de los gobiernos anteriores.

En Argentina hubo una crisis del neoliberalismo en el terreno económico y político que produjo un estallido social que gritó “que se vayan todos”. Los nuevos gobiernos kircherianos también alternan aspectos de política neoliberal como la desregulación financiera, un sistema fiscal regresivo, el saqueo de los recursos naturales o la precariedad laboral con una modesta redistribución de la riqueza, mejoras en las pensiones, políticas asistenciales, reducción de la dependencia de la deuda externa, el impulso de la industria nacional, nacionalización de las empresas estratégicas o la apuesta por una integración nacional.

Por su lado, los gobiernos que pretenden romper con las políticas neoliberales apoyándose en la movilización popular, como es el caso de Venezuela, Bolivia y Ecuador, convergen en una estrategia similar: la superación del neoliberalismo y la integración regional. Esta integración, a través del ALBA[1], permite intercambiar entre países desiguales, teniendo en cuenta las posibilidades y necesidades de cada uno de ellos. Estos tres países que han transitado por unos procesos constituyentes y que han situado en primer plano la redistribución de los ingresos estatales por medio de la política social o como inductores del desarrollo, llevan a cabo un proceso de endogenización de sus economías, transforman la estructura de propiedad de los medios de producción y de los recursos naturales, trabajan por una democratización radical de la gestión y tienen un horizonte de transformación.

En Bolivia tuvo lugar una rebelión indígena (guerra del agua) y cinco años más tarde salió escogido como presidente Evo Morales. Se creó un nuevo bloque de poder económico y una nueva distribución de recursos. Las clases populares asumieron el control del poder, modificaron la estructura del estado y controlaron de manera más exhaustiva el excedente económico. Este nuevo bloque está constituido por la pequeña producción mercantil agraria y urbana (pequeños productores urbanos e indígenas), nuevas “intelligentsias”, personalidades, obreros precarios, un sector de empresariado tradicional vinculado, en parte, al mercado interno, burocracia estatal y sindicatos.

En Ecuador con la Constitución de Montecristo se inició un proceso participativo. Se redactó una constitución basada en el “Buen vivir” pero la interpretación que se está llevando a cabo se aleja considerablemente de los principios iniciales. Se está dejando a un lado la participación en la elaboración de las leyes y, en cambio, se está reprimiendo y criminalizando la lucha social. A pesar de ello, Ecuador ha plantado cara al BM y al FMI y ha declarado la deuda externa como una “deuda odiosa”. Anteriormente el 50% de los recursos públicos iban destinados a pagar la deuda. En el 2007 se realizó una auditoria que declaró ilegítima una buena parte de la deuda pública y se declaró la suspensión de pagos del 70% de la deuda (los acreedores vendieron los títulos al 20% del valor, el estado los recompró y se redujo la deuda y los intereses). El estado ha implantado fuertes políticas sociales, una política económica keynesiana y una política internacional soberana.

El caso de Venezuela lo veremos a continuación de manera más extensa. Hemos escogido centrar esta parte en Venezuela, ya que es el país pionero del socialismo del Siglo XXI, al mismo tiempo que, es el país que muestra un proceso de transformación más avanzado y una apuesta política más rupturista.

Venezuela

Una nota previa: En este trabajo no nos proponemos hacer una evaluación ni siquiera ligera de la experiencia venezolana, tarea demasiado amplia y que no entra en los objetivos de este trabajo. En este capítulo lo que pretendemos es mostrar el tipo de modelo de desarrollo que está orientando la experiencia venezolana. Por ello, en muchos aspectos nos ceñimos a describir como se establece la normativa a seguir sin entrar tanto en los problemas que esta presenta para su realización concreta. Es posible que al concentrarnos en lo que se establece, en la normativa que se fija, en lugar de en sus resultados específicos el cuadro resulte algo idealizado Precisamente porque nos interesa percibir a través de que líneas se pretende trabajar por una alternativa, más que de sus resultados reales en el corto plazo, nos fijamos más en lo que se pretende que sea, que en lo que realmente se llega a hacer en una situación tan complicada como la venezolana de las últimas décadas.

La secuencia de acontecimientos del cambio

Del “Punto Fijo” a la Revolución.

Para comprender el proceso actual de transformación de Venezuela tenemos que remontarnos al pasado más próximo, concretamente al inicio del Punto Fijo. El Punto Fijo fue un pacto de estabilidad política y consenso en la toma de decisiones de estado que tuvo vigencia entre 1958 y 1998. Surgió durante la transición, después de muchos años de gobiernos autoritarios, como un pacto para no volver a aquel pasado. Aunque nació como un instrumento de transición, se mantuvo durante más de 40 años Los partidos del pacto (primero tres con Acción Democrática, Comité de Organización Política Electoral Independiente y Unión Republicana Democrática, para pasar después al bipartidismo de los dos primeros) eran hegemónicos y se repartían el poder además de consensuar las decisiones de estado. Los militares y los comunistas se quedaban al margen de la política institucional. Con la Constitución de 1961se consolida este sistema y Venezuela se mantiene estable mientras que a lo largo y ancho de América Latina se suceden golpes de estado y gobiernos autoritarios.

¿Qué mantiene esta situación?

El petróleo es el ingrediente clave para la estabilidad venezolana. Había suficientes ingresos del petróleo como para hacer frente al enorme gasto público generado por un estado sobredimensionado y poco eficiente. El nivel de vida de la gran mayoría de la población era bueno, con muchos trabajadores empleados en el sector público. No existía un gran desarrollo industrial, exceptuando la industria petrolera que era de titularidad pública. La disminución del coste de las grandes importaciones. El bajo coste de las grandes importaciones sumado a los grandes ingresos del petróleo, no favorecía la creación de la industria nacional.

 “Venezuela saudí”, años 60-70

La población va en aumento, pasando de 5 millones de habitantes en el año 1950 a 7,5 millones en el año 1960, pero el gasto público crece desproporcionadamente. Los años 60 son conocidos como los de la “Venezuela saudí” ya que las rentas del petróleo, además de permitir todo tipo de lujos a la clase política y dirigente, llegaron a la mayoría de la población. De 1968 a 1972 la renta por cápita en Venezuela incrementó un 28% debido, en gran medida, al aumento del precio del petróleo a principios de los 70. El sistema se mantuvo incuestionable así como las élites políticas legitimadas.

Años 80: “caracazo” y caída del “puntofijismo”

Más población, menos ingresos del petróleo y gran endeudamiento público. La población crece considerablemente, llegando a duplicarse en tan solo 20 años, debido a una pirámide de edad muy joven y a la inmigración proveniente de países americanos. A principios de los 80 se inicia una crisis económica. Aumenta la demanda, los ingresos del petróleo disminuyen y la tesorería pública se encuentra muy perjudicada. Años antes e había emitido mucha deuda pública, ya que los bancos confiaban que no habría problema para pagar, y ahora ésta ya no se podía devolver.

Durante los 80 empiezan a crecer extensas bolsas de pobreza situadas alrededor de las grandes ciudades. Entre ellas se incluyen familias que habían vivido con algunos lujos en la etapa de la “Venezuela saudita”. En este contexto de crisis económica la clase dirigente empieza a cuestionarse el “puntofijismo” para renovar la democracia e iniciar la transformación del estado, pero optan por mantener sus privilegios. El país se va dividiendo en dos: las clases altas-medias, minoritarias pero cada vez más ricas que seguían beneficiándose de las rentas del petróleo, y las clases populares, que iban en aumento al mismo tiempo que caían en la marginalidad. La clase trabajadora pasó en poco tiempo de una vida digna a una situación de extrema pobreza.

En medio de esta situación de plena crisis económica, a finales de la década, el año 1988 se convocan elecciones y el presidente electo anuncia que se tendrán que aplicar las medidas que receta el FMI: congelación de salarios, disminución del gasto público, etc. Este conjunto de medidas se denominó “el Paquete”. Diez días después de su anuncio, estalló el conflicto social más grande que había vivido Venezuela en los últimos tiempos, el llamado “Caracazo”. Comienza en una población cercana a Caracas y en seguida se extiende a la capital y a las principales ciudades del país. Los medios de comunicación fueron determinantes para la extensión del conflicto. Las clases populares invadieron y saquearon las ciudades en busca de bienes de consumo a los que no tenían acceso. El estallido del conflicto supuso la manifestación de la latente fractura social que hasta el momento había permanecido oculta. Se declaró el estado de emergencia y los militares salieron a la calle, reprimiendo brutalmente a la población. Las cifras oficiales hablaron de 400 muertos y las extraoficiales de miles. Los militares no habían ocupado las calles desde la dictadura, hacía más de 40 años, y se encontraron con el dilema de desobedecer el gobierno o disparar contra la población. Este hecho fue determinante para los acontecimientos posteriores. Este fue el inicio del fin del “Punto Fijo” y de este orden institucional.

Del golpe de estado de 1992 a las elecciones de 1998

El ejercito no había quedado al margen de la corrupción y al enriquecimiento de unos cuantos con dinero público. A pesar de la inactividad del ejército, especialmente después de la disolución de la guerrilla, se seguían gastando grandes cantidades en la compra de material y armamento con la única finalidad de enriquecer a la clase dirigente. Esta dinámica provocó la creación de grupos de militares disconformes con la situación El grupo más destacado fue el MBR200 (Movimiento Bolivariano Revolucionario 200), 200 en honor al bicentenario del nacimiento de Simon Bolivar el Libertador. En los años 80 este grupo estaba conformado por una serie de militares jóvenes que no veían con buenos ojos el sistema del puntofijismo y que pensaban que tenían que estar con el pueblo. Entonces comenzaron a plantear soluciones. Entre los militares se encontraba Hugo Chávez Frías. El MBR 200 no tenía una definición ideológica muy clara, pero se enmarcaba en el pensamiento de Simón Bolívar, Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora (árbol de las tres raíces), origen del pensamiento bolivariano del cual se deriva el nacionalismo, la originalidad de las instituciones latinoamericanas, la integración de los pueblos indígenas y la formación y la educación de la sociedad.

Desde el “caracazo” los bolivarianos consideraban deslegitimado el gobierno que había actuado con tanta violencia contra la población. El MBR200 decidió tomar el poder por la fuerza y, de esta manera, el 4 de febrero de 1992 ejecutó un golpe de estado. Los sublevados tenían un conjunto de medidas para poner en práctica con el objetivo de renovar la democracia en caso de triunfar. El levantamiento triunfó en diversas partes del país pero no venció en el punto principal, en Caracas. No consiguieron tomar el Palacio de Miraflores, sede del gobierno, ni otros objetivos militares. Hugo Chávez reconoció la derrota y la anunció por televisión, tal y como le exigió el gobierno, para que finalizara el golpe en todo el país. Permitir que Chávez se dirigiera a todo el país responsabilizándose del golpe de estado y del movimiento bolivariano revolucionario, al mismo tiempo que reconocía que “por ahora” no se habían conseguido los objetivos que perseguían fue el gran error del gobierno puntofijista. Desde entonces Chávez dejó de ser un desconocido para convertirse en un referente nacional y líder del movimiento bolivariano. Los militares insurgentes fueron encarcelados y el movimiento bolivariano perseguido, pero la popularidad que consiguió el movimiento y los militares presos fue tan grande que pocos años después serían indultados.

En los años que preceden al golpe de estado hay un último intento de preservar el sistema: expulsan al presidente con acusaciones de corrupción, rescatan un antiguo presidente que ganaría las elecciones y se rompe el bipartidismo. Paralelamente los bolivarianos van tejiendo una alternativa. Renuncian a la sublevación violenta y se van posicionando en el espacio social y político. Chávez se entrevista con numerosas personalidades políticas, académicas, culturales y militares, la mayoría progresistas, durante su estancia en la prisión. El objetivo era el de crear un amplio movimiento político que ganara las elecciones de 1998. Este movimiento se denominó Movimiento V República (MVR). El concepto V República hacía referencia a un cambio integral del sistema, figuraba dejar atrás la cuarta república del Punto Fijo y la injusticia social para construir un nuevo estado y una nueva sociedad democrática, participativa y al servicio del pueblo. Finalmente el MVR, en coalición con otros partidos, se presenta a las elecciones de 1998 bajo el nombre de “Polo Patriótico”. Los partidos puntofijistas se agruparon bajo el nombre de “Polo Democrático” intentando crear la idea que el otro polo era autoritario. El 6 de diciembre Chávez gana las elecciones presidenciales con el 56% de los votos (40% para el puntofijista Salas Römer).

Camino hacia la nueva constitución

El día que gana las elecciones, Chávez firma un decreto para consultar al pueblo sobre la convocatoria de una asamblea constituyente. Los puntofijistas se oponen alegando que según la constitución de 1961 esta consulta únicamente la puede convocar el parlamento, órgano en la que tienen mayoría. La respuesta de Chávez es clara: la asamblea nacional es soberana y el parlamento no puede decidir nada al respecto. Después de diversas sentencias en las dos direcciones, la Corte Suprema de Justicia da la razón a Chávez. Los puntofijistas, que todavía dominaban la mayor parte de las instituciones, ponen la mayoría de trabas al cambio democrático. Pero el 25 de abril de 1999 se vota en referéndum si se quiere convocar la asamblea constituyente y gana el Sí con un 92% de los votos. Tres meses después se escogen los 131 miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, de los cuales 122 son candidatos bolivarianos. El debate de la Asamblea Nacional Constituyente se inicia con la exposición por parte de Chávez de la propuesta de constitución. A partir de este momento el proceso se convierte en un ejemplo de democracia y participación. Se retransmitieron por televisión los debates del Palacio Legislativo en los que participaron una multitud de representantes políticos y sociales. Finalmente, la constitución se vota en referéndum y, a pesar que los partidos puntofijistas hacían campaña por el No, se aprueba con el 70% de los votos. Con la entrada en vigor de la nueva carta, a finales de 1999, acaba la primera fase del proyecto bolivariano y comienza la nueva etapa constituyente del nuevo estado bolivariano.

Primeros años: Constitución y primeros pasos (1998-2001)

Los primeros años se observa un gran cambio en la esfera política, el proceso constituyente, y en el ámbito económico y social hay una compaginación entre dinámicas del antiguo régimen y grandes cambios trascendentales. Por ejemplo, la ministra de economía del antiguo régimen, una persona de carácter neoliberal y preocupada por la inflación, el déficit fiscal, etc., seguía ocupando el cargo. A pesar de ello, la propuesta económica chavista tenía como objetivo acabar con el capitalismo “salvaje” y avanzar hacia una economía más “humanista”, “solidaria” y “autogestionaria”. No era todavía una propuesta anticapitalista. El giro económico es posible gracias al retorno de políticas intervencionista que ponen freno a la privatización de las empresas públicas y, sobretodo, a las del sector petrolero. Se rompe con la tendencia neoliberal y privatizadora de las empresas públicas de los gobiernos anteriores, haciendo una apuesta antagónica: se recupera la relación con la OPEP, estableciendo cuotas máximas de ventas y provocando el aumento del precio del barril, aumenta el coste del petróleo para las empresas extranjeras y se evita la privatización. En el ámbito social destaca el “Plan Bolivar 2000” que quería modificar el papel del ejército como agente social y pasar página a la etapa represiva del caracazo. Su nueva tarea sería la reconstrucción de viviendas, la mejora de los sistemas sanitario y educativo, el apoyo al transporte público, etc. En esta etapa también hubo avances en educación, sanidad y seguridad social (más gasto público, supresión del copago y deshacer el camino iniciado de privatización de las pensiones). En la esfera internacional también es destacable el cambio de rumbo que toma el país hacia una Venezuela soberana e independiente: volver a apostar por la OPEP (liderazgo), trabajar por la unidad latinoamericana y enfrentarse al imperialismo de Estados Unidos (Cuba, Plan Colombia, Afganistán, ALCA). En resumen, era una política asistencialista, con visión a corto plazo y con un impacto muy limitado.

Segunda etapa: “Ley Habilitante”, golpe de estado, sabotaje y referéndum revocador (2001-2004).

La “Ley Habilitante” permite habilitar al presidente para legislar sin límites. A finales del 2001 se aprueban 49 leyes que, a pesar de no alterar la estructura de clases, afectan directamente a los intereses de las clases altas. Destacan la Ley de Hidrocarburos (regula la propiedad pública del petróleo, impidiendo la privatización, establece el control por parte del estado de cualquier empresa dedicada al negocio del petróleo y aumenta los impuestos) y la Ley de Tierras (impulsa la reforma agraria, determina el reparto de tierras y la erradicación del latifundio, pero su objetivo principal es garantizar la soberanía alimentaria y finalizar la etapa de importación de alimentos y de infrautilización de los recursos agrarios). También son importantes la Ley de Pesca, Ley de Costas o la Ley de Cajas de Ahorro.

También en diciembre del 2001, la patronal convoca un parón con el apoyo de la cúpula, corrupta y antiobrera, de la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV), la cual se había beneficiado del régimen puntofijista. Pero la negativa de las clases populares de secundar la propuesta conduce este primer intento al fracaso, marcando el inicio de una dura confrontación interclasista.

El 11 de abril del 2002 sucede el episodio más contundente de este enfrentamiento. La oposición al estado bolivariano toma el palacio presidencial, arresta a Hugo Chávez y toma las primeras medidas: disuelve todos los órganos democráticos del estado, abole la constitución bolivariana y suprime todas las leyes con contenido popular y democrático, especialmente las recogidas en la Ley Habilitante. Acto seguido, nombra presidente del país al presidente de la patronal. Durante las 48 horas que dura el golpe de estado, la represión contra el pueblo es extremadamente dura. La policía ocupa los barrios populares, asesinando a la población y deteniendo diversos dirigentes bolivarianos, y asedia la embajada de Cuba. Pero la respuesta popular es inmensa, ríos de manifestantes rodean el palacio presidencial y los cuarteles militares exigiendo el final del golpe de estado y la restitución del presidente electo Hugo Chávez. A esta respuesta también hay que añadir la posición de los militares bolivarianos que agrupaban la mayor parte de las tropas y el 80% de los oficiales. Dos diez después del alzamiento se restituye la situación.

Pero la presión antichavista no se acaba aquí. El tercer intento es una parón patronal durante los meses de diciembre del 2002 y enero del 2003. El objetivo del parón es destruir la economía del país para hacer factible la caída del gobierno. La estrategia efectuada sigue los pasos de la caída del Chile de Salvador Allende o de la Nicaragua sandinista. En el caso de Venezuela, el parón de la patronal era el pretexto para sabotear a la empresa estatal petrolera (PDVSA), bloqueando la entrada a los trabajadores y destruyendo equipos de alta tecnología. El seguimiento del parón estaba determinado por un claro factor de clases. También es importante el parón en el abastecimiento de alimentos, que era retenido por monopolios del comercio alimentario. Pero, otra vez más, la movilización popular y la colaboración de militares patrióticos pone fin a los dos meses de parón de la patronal y del sabotaje.

Estos han sido, hasta la fecha, los momentos más difíciles de la revolución bolivariana. Los dos años de boicot de las clases altas habían dañado la economía del país y los principales indicadores socioeconómicos, que durante la primera etapa de la revolución habían indicado mejoras, ahora caían a niveles inferiores a los del año 1998. También el PIB caía un 8%, según las estimaciones más optimistas, y el capital salía de manera masiva del país. Pero esta situación hizo ver que era necesario acelerar la revolución y a partir del 2003 se inician ambiciosos programas sociales de transformación para “pagar la deuda social”: las misiones. La Misión Barrio Adentro daba atención de salud primaria descentralizada con médicos cubanos, dando cobertura a millones de venezolanos, la Misión Robinson alfabetizó a un millón y medio de adultos que nunca habían tenido acceso a la educación, la Misión Mercal ofrecía alimentos básicos a precios muy bajos y prevenía al país de otro parón patronal, la Misión Hábitat encaraba la difícil situación de vivienda que sufría la mitad de la población y tenía por objetivo convertir en viviendas dignas los “ranchitos” de los barrios populares, la Misión Vuelvan Caras daba formación laboral a miles de trabajadores, mejorando su acceso al trabajo y fomentando la constitución de cooperativas. Progresivamente se han ido creando más misiones, en función de las necesidades del país.

En esta fase de recuperación y profundización en las medidas sociales de la revolución tiene lugar el último intento, hasta el momento, de tumbar el gobierno. En esta ocasión las acciones no van por la vía de la coacción, sino por la constitucional. La nueva constitución preveía la posibilidad de revocar los cargos de gobierno por iniciativa popular. Después de la polémica creada en la recogida de firmas, 2.400.000 necesarias para convocar el referéndum para la revocación del presidente, este se convoca. A pesar que el apoyo a la oposición creció en números absolutos, aumentando de los 2,5 millones de las presidenciales del 2000 a los 4 millones del revocatorio, el apoyo a Chávez pasó de los casi 4 millones del año 2000 a los 6 millones del revocatorio. Con esta última ofensiva, en la que Hugo Chávez sale reforzado, finaliza la lucha más contundente e incesante de la burguesía que en ese momento sufre una fragmentación en su interior.

Tercera etapa: Socialismo del siglo XXI (2005-2012)

Es en el Forum Social Mundial de Porto Alegre del 2005 cuando Chávez anuncia la nueva apuesta socialista que denomina Socialismo del siglo XXI. A partir de ahora renuncia a humanizar el capitalismo y añade a los tres ejes iniciales, bolivariano, antimperialista y antineoliberal, el eje anticapitalista como referencia principal en la construcción nacional del nuevo estado bolivariano. También apunta que es necesario reinventar el socialismo, superando el capitalismo y sin caer en un capitalismo de estado, como le sucedió a la Unión Soviética. En las elecciones del 2006, Chávez se presenta con el programa del Socialismo del siglo XXI y el anticapitalismo, mientras la oposición se camufla en un ideario socialdemócrata. Chávez obtiene más de 7 millones de votos, casi el 63% de los votos emitidos. La burguesía mantenía sus 4 millones de votos, reduciendo el porcentaje del 40% al 37%. Ese mismo día Chávez anuncia el principio de la transición al socialismo, al mismo tiempo que declara la guerra a los dos grandes peligros de la revolución: la burocracia y la corrupción. Entonces planteó cinco marcos de actuación: una Ley Habilitante que permitiera legislar al ejecutivo para avanzar en la transformación; la reforma constitucional para adaptarla a la nueva escena socialista; una campaña masiva de educación en valores anticapitalistas; una restructuración de la organización política del territorio; y la más importante, la expansión y consolidación de los consejos comunales, la nueva estructura del poder popular. Estos puntos constituyen el “Plan Socialista de la Nación Simón Bolívar” para el periodo 2007-2012. Las propuestas y la aplicación de éstas hasta 2013 se describen en los apartados siguientes.

¿Que pasa del 2007 al 2013?

El nuevo estado bolivariano: la V república

Preámbulo de la Constitución de 1999:

El pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protección de Dios, el ejemplo histórico de nuestro Libertador Simón Bolívar y el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados aborígenes y de los precursores y forjadores de una patria libre y soberana; con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones; asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna; promueva la cooperación pacífica entre las naciones e impulse y consolide la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, la garantía universal e indivisible de los derechos humanos, la democratización de la sociedad internacional, el desarme nuclear, el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad; en ejercicio de su poder originario representado por la Asamblea Nacional Constituyente mediante el voto libre y en referendo democrático, decreta la siguiente CONSTITUCIÓN”.

La Constitución de 1999 no fue creada para poner las bases del socialismo, pero permitió orientar el país hacia una dirección antineoliberal y soberana. Esta carta es, en esencia, una de las constituciones más avanzadas y progresistas del mundo.

El sistema político derivado de la Constitución de 1999 es difícil de describir por la complejidad de su sistema de poderes y del carácter relativamente contradictorio de su desarrollo. El poder público se divide en tres niveles: poder municipal, poder estatal y poder nacional. La Constitución opta por una importante descentralización del estado y sobretodo por una fuerte municipalización del poder público. El poder público nacional es el que incorpora más novedades y tiene una regulación más detallada. La principal novedad es la incorporación de dos poderes más, el poder ciudadano y el electoral a los tres poderes tradicionales, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El poder ciudadano está formado por el defensor del pueblo, el fiscal general de la república y el controlador general de la república. La función de este último es la de “prevenir, investigar y sancionar los hechos que atenten contra la ética pública y moral administrativa; velar por la buena gestión y la legalidad en el uso del patrimonio público, el cumplimiento y la aplicación del principio de legalidad en toda la actividad administrativa del estado; y promover la educación como un proceso creador de la ciudadanía, así como la solidaridad, la libertad, la democracia, la responsabilidad social y el trabajo. El controlador general es el órgano de control, vigilancia y fiscalización de ingresos, gastos, bienes públicos y bienes nacionales. El poder electoral está integrado por la Junta Electoral Nacional, la Comisión del Registro Civil y la Comisión de Participación Política y Financiación. Se encarga de organizar las elecciones de los cargos de representación popular, los referéndums, los revocatorios, las elecciones de sindicatos, gremios profesionales y partidos políticos, y regula la financiación de los partidos políticos.

El poder legislativo está formado por la Asamblea Nacional que tiene una estructura federal y es unicameral. Los miembros se escogen por sufragio universal cada 5 años a cada entidad federal. Además cada entidad federal escoge tres diputados y los pueblos indígenas tres más (estos representan el 45% de los diputados). La Asamblea puede habilitar el presidente para la actividad legislativa sin limitación de materia ni necesidad de urgencia. Para que eso suceda las Leyes Habilitantes tienen que ser aprobadas por 3/5 partes de la Asamblea. Las Leyes Habilitantes establecen las directrices de las materias que se delegan al presidente para que las regule con rango de ley, estableciendo un término para su ejercicio. Estas leyes han sido un elemento muy importante para el cambio ya que pudieron desencallar la Asamblea nacional que presentaba muchas resistencias. Pero igual que han servido para avanzar rápidamente hacia el socialismo, también pueden actuar en contra.

Los primeros pasos de este estado refundado consisten en diseñar el programa económico de transición con el objetivo de “corregir la mano invisible del mercado con la mano visible del estado (…) tan mercado como sea posible y tan estado como sea necesario” y de reconocer el mercado como “el mecanismo fundamental para la asignación de recursos y factores”. No obstante, también promulga la necesidad de crear formas de organización económica complementarias a la propiedad privada, como incorporar a la vida económica los sectores sociales excluidos hasta el momento, crear y fomentar el mercado interno e impulsar nuevas actividades para generar consumo, ahorro y ocupación. Las principales líneas estratégicas fueron fomentar la economía productiva mediante la diversificación, hacer frente a la volatilidad de la economía venezolana causada por la dependencia del precio del petróleo y la evasión de capitales, estimular el desarrollo de la economía social, conseguir más sostenibilidad fiscal y aumentar el ahorro y la inversión para frenar el proceso de descapitalización. Fruto de estas medidas se consiguen los primeros resultados: se recupera la producción, se aumentan los salarios reales, públicos y privados, el 12% de 1998 al 2001 (habían disminuido un 20% los últimos 10 años anteriores), se contiene el gasto público sin olvidar las necesidades sociales (por ejemplo, vacunar de la polio a 2 millones de niños, escolarizar a 600.000 niños u ofrecer atención médica a 1,5 millones de personas), se crean más de 700 mercados populares de provisión de productos básicos, se crea el fondo de financiación alternativo compuesto por el Fondo Único Social, el Banco del Pueblo y el Banco de la Mujer. Paralelamente, se toman medidas para controlar la inflación, regular la tasa de interés, conseguir la estabilidad del tipo de cambio y aumentar las reservas internacionales. En resumen, se refuerza la economía de mercado compaginándola con la economía social y el plan ”sembrar el petróleo”.

Construyendo el socialismo del siglo XXI

En el año 2013, con más de 14 años de gobiernos bolivarianos, muchos más de lucha y concienciación de las clases populares, y con el afán de no detener el motor de la transformación, el estado venezolano comienza a trabajar en el Segundo Plan Socialista de la Nación Simón Bolivar para el periodo 2013-2019. Este plan es la actualización del Primer Plan Socialista y pretende guiar Venezuela en el trayecto de transición al socialismo bolivariano a partir de 5 grandes objetivos históricos, tal y como se denominan en la propuesta. En primer lugar, defender, expandir y consolidar la independencia nacional reconquistada desde hace 200 años; en segundo lugar, continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI como alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo y con el cual asegurar la máxima seguridad social, la máxima estabilidad política y la máxima felicidad para la población; el tercer objetivo es convertir Venezuela en una potencia a nivel social, político y económico dentro de la naciente América Latina y Caribe que garantice la conformación de una zona de paz dentro de Nuestra América; como cuarto objetivo, contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica internacional multicéntrica y pluripolar que permita conseguir el equilibrio al universo y que garantice la paz planetaria; y por último, como quinto eje, preservar la vida en el planeta y salvar la especie humana.

Estas son las coordenadas del futuro más próximo del proceso de transición iniciado en el país. A continuación prestamos atención al pasado, presente y aspectos claves de la transformación de Venezuela.

El petróleo

Las directrices de la nueva política petrolífera se establecen en la Constitución Bolivariana de 1999. Se establece la recuperación del control del Poder Público Nacional sobre los recursos de hidrocarburos, suprimiendo el poder de Pdvsa y limitándola a las tareas propias desde la explotación a la distribución del petróleo, y transferir el control, regulación, planificación y fiscalidad al Ministerio de Energía y Minas. Por parte del estado se restablece el derecho a definir y garantizar una contribución patrimonial por el acceso al recurso natural, es decir, aumentar los cánones sobre el petróleo y el gas natural y convertir en empresas mixtas (empresas en las que el estado posee el 50% de la propiedad) aquellas que realicen actividades primarias. También se da un nuevo impulso a los procesos de industrialización de los hidrocarburos para mejorar la composición de la cesta de exportación venezolana. Contrariamente a las políticas de internacionalización y obertura de los gobiernos anteriores, en este momento la estrategia era generar el máximo valor añadido nacional, incrementando los beneficios y derivados de la diversificación de actividades al interior del mismo sector de los hidrocarburos y aumentando la presencia de productos derivados dentro de la cesta exportadora, al mismo tiempo que se reduce de manera porcentual la del petróleo crudo. En referencia a la política exterior petrolera, la constitución recoge diferentes elementos del proyecto bolivariano. Por una parte Venezuela apuesta por reforzar y liderar la OPEP, organización que Venezuela había estado saboteando durante los últimos años, incumpliendo los acuerdos firmados. Por otro lado, apuesta por un uso solidario internacional de los recursos petrolíferos y firma un acuerdo con 10 países de Centroamérica y el Caribe para garantizarles un precio bajo del petróleo si el precio mundial se encarecía mucho. En esta misma dirección, y en el marco del ALBA, Venezuela impulsa la iniciativa de Petroamérica (Petrosur, Petrocaribe y Petroandina) como una propuesta de integración energética de los pueblos del continente, fundamentada en los principios de solidaridad y complementariedad de los países en el uso justo y democrático de los recursos en el desarrollo de los pueblos.

En la gestión interna de los recursos energéticos en general, y del petróleo en particular, se utiliza su potencial económico para la consecución de la justicia social. Se aprovecha el impulso petrolero para el desarrollo social y productivo nacional. Chávez defiende un modelo de desarrollo basado en las potencialidades internas, el desarrollo endógeno, con el objetivo de conseguir un desarrollo económico no basado en las importaciones. De esta manera el modelo productivo endógeno, con la industria petrolera en el centro, constituye una apuesta estratégica principal de los bolivarianos. Además, a corto plazo, los recursos petroleros son un elemento clave para minimizar la herida social que se ha generado en Venezuela durante muchos años. Por un lado, permiten la distribución social de las rentas petroleras y, por el otro, la creación de un fondo (FONDEN), como recoge la constitución, en el que van a parar los ingresos provenientes de la explotación de la riqueza del subsuelo y los minerales, destinado a financiar la inversión real productiva, la educación y la salud.

Por último, Venezuela recoge las políticas energéticas para los próximos 25 años (2005-2030) en el Plan Siembra Petrolera. El plan prevé el recuento del número total de reservas de las que disponen, la explotación de las reservas vírgenes (Orinoco) vinculado a un desarrollo de la región, la explotación del gas en zonas marinas, el incremento de la capacidad de refinación de Venezuela, la construcción de infraestructuras que garanticen el suministro de combustible a todo el país y la utilización del plan como una herramienta de integración y de cooperación regional.

El sistema productivo

 La economía venezolana del Punto Fijo y de la IV república era una economía absolutamente rentista, petrolera e importadora. La estructura productiva era débil, nada competitiva en el exterior y totalmente dependiente del petróleo para financiar las importaciones. El acomodamiento de las clases altas dirigentes, propietarias de los medios de producción, a causa de las grandes rentas del petróleo, desincentivaba cualquier intento de renovación, transformación o mejora de la eficiencia por parte de los diferentes sectores productivos. Desde este punto de partida, después de unos primeros años de gobierno chavista donde el esfuerzo va dirigido a medidas coyunturales y de urgencia, más pensadas en generar resultados a corto y medio plazo, es en el 2006 cuando se comienza a plantear una apuesta clara por unos cambios estructurales, destinados a la conquista de la soberanía económica.

El Primer Plan Nacional Socialista incorporaba como eje de trabajo el modelo productivo socialista. Este estaba definido, en sus líneas principales, como la búsqueda de un trabajo con significado, orientado hacia la supresión de la división social del trabajo, de su estructura jerárquica y de la disyuntiva entre la satisfacción de las necesidades y la producción de la riqueza. Un modelo que responda primordialmente a las necesidades humanas y que esté menos subordinado a la reproducción del capital, donde el estado conserve el control total de las actividades productivas que tengan un valor estratégico para el desarrollo del país. A su vez el estado ha de ser capaz de identificar como ha de ser la propiedad de los medios de producción que están, en mayor medida, al servicio de la población y quien ha de tener esta propiedad para obtener una producción conscientemente controlada por los productores y siempre al servicio de su objetivo. El Plan Nacional proponía una transición del modelo capitalista rentista petrolero al modelo productivo socialista. El planteamiento de esta apuesta se concretaba en cuatro grandes objetivos: 1) desarrollar un modelo endógeno como base económica del Socialismo del siglo XXI y lograr un crecimiento sostenido, 2) incrementar la soberanía alimentaria y consolidar la seguridad alimentaria, 3) fomentar la ciencia y la tecnología al servicio del desarrollo nacional y reducir la diferencia en el acceso al conocimiento, 4) desarrollar la industria básica no energética, la manufactura y los servicios básicos.

Una pieza clave que introducía este nuevo modelo productivo son las Empresas de Producción Social (EPS). Inicialmente comparten escenario con las empresas estatales, con las empresas privadas capitalistas y con las empresas mixtas, pero, poco a poco, van ocupando un espacio más grande en el tejido productivo del país. Las EPS son entidades económicas dedicadas a la producción de bienes o servicios en las que el trabajo tiene un significado propio, no alienado y auténtico, en las que no existe discriminación social en el trabajo ni en cualquier tipo de tarea, ni tampoco privilegios asociados a la posición jerárquica. Las EPS mantienen una igualdad sustantiva entre sus integrantes, basada en una planificación participativa y protagónica, por lo que son los trabajadores quienes se llevan el excedente económico. La gestión es democrática y la participación en las decisiones de la empresa va en función de las personas y no del capital aportado. Estas nuevas empresas se prevé que surjan de unidades asociativas ya existentes, de la acción del estado y de la transformación de empresas estatales o privadas en EPS. Pero esta descripción podría corresponder a formas jurídicas actualmente existentes, como por ejemplo la cooperativa. Las EPS se diferencian en que son entidades integrales, con la misión de establecer nuevas formas de producción social, y entidades eficientes en la distribución de su excedente en base a criterios de justicia, equidad, y reciprocidad hacia toda la comunidad. Su objetivo fundamental es generar productos y servicios que satisfagan las necesidades básicas de la comunidad y de su entorno a través del trabajo digno de hombres y mujeres.

En el 2012, cuando este Primer Plan Socialista estaba a punto de vencer, Chávez lanza la propuesta del Segundo Plan Socialista, aprovechando las elecciones presidenciales de octubre del mismo año. Este segundo plan marca las líneas principales de actuación hasta el 2019. Pretende ser una renovación del primero pero, al mismo tiempo, es una apuesta clara para profundizar en el proceso de transformación hacia el modelo productivo socialista. El plan se puede resumir en dos líneas principales de actuación. La primera es realizar un plan de industrialización que aproveche los recursos internos de forma óptima y que evite toda dependencia exterior, por un lado evitando ser importadores de bienes estratégicos para el país y, por el otro, dejando de ser un país de la periferia productora al servicio de las necesidades de acumulación de capital del centro. La segunda línea de actuación es democratizar toda la esfera económica del país, tal y como se ha hecho en el ámbito político y social.

Democracia y participación: consejos comunales y comunas

Este es, probablemente, junto con la transformación del modelo productivo, el punto más importante en el proceso de transformación al socialismo. En el 2006, el estado venezolano decide impulsar una nueva organización político-administrativa que ha de ser el fundamento del nuevo país socialista. Los principios de la constitución bolivariana trazan un camino muy preciso hacia el estado comunal para la construcción de una sociedad justa que no sirva para institucionalizar la revolución, sino para ejercer una importante tarea constituyente. Un camino que requerirá la imaginación y la participación de todas las organizaciones populares, de las instituciones públicas y, principalmente, del pueblo venezolano. De esta manera nacen las comunas, entidades que aglutinan las unidades de base descentralizadas del autogobierno local, los consejos comunales. Al mismo tiempo, un conjunto de comunas vecinas pueden convertirse en una ciudad comunal. Estas nuevas unidades han de ser capaces de formular, ejecutar y autogestionar proyectos de infraestructuras, programas sociales, servicios básicos y actividades productivas. Su financiación proviene del presupuesto transferido por el estado, gobernaciones y alcaldías y los recursos propios que generen las EPS bajo su jurisdicción. La forma que adoptan puede variar en función de las condiciones culturales, económicas, sociales, ecológicas propias del lugar donde están ubicadas, pero el objetivo es superar la herencia capitalista de los actuales centros urbanos, con servicios públicos colapsados y rodeados de cinturones de miseria.

Esta nueva organización, que cuenta hasta el momento con unos 30.000 consejos comunales, determina las necesidades sociales y permite que las personas sean las auténticas protagonistas de los cambios que reclaman. Como señala Marta Harnecker, no se trata únicamente de otorgar un contenido social a la democracia o de resolver problemas sociales del pueblo en materia de alimentación, salud, educación, etc., sino de transformar la propia democracia creando espacios que permitan que las personas, al luchar por el cambio de las circunstancias, se vayan transformando a si mismas.

Política agraria

En la constitución de 1999 se plantearon las bases de la que sería una nueva política agraria. La carta decreta que se debe garantizar un buen nivel de bienestar para los trabajadores del campo por medio de un trabajo digno y que el estado se tiene que implicar en la mejora de las condiciones y el desarrollo de la actividad agropecuaria. Además se declara el latifundio como enemigo del interés social y reconoce el derecho de los campesinos a la propiedad de la tierra. En 1999, el 2% de los propietarios de la tierra agrícola poseían el 90% de la misma.

Dentro de este marco constitucional se establece la Ley de Tierras. El primer artículo prohíbe el latifundio y lo declara “enemigo de la justicia, la paz social y del desarrollo justo”. Así mismo, garantiza que el desarrollo económico partirá de la base de la justa distribución de las tierras, que se planificará junto al pueblo de forma participativa y democrática. El estado velará por la inserción del campesino en el proceso productivo, adjudicándole tierras. El alcance de la ley cubre todas las tierras agrícolas, sean públicas o privadas, para que no quede una sola hectárea que no sea producida por su legítimo propietario, el pueblo. La organización de la producción agraria se llevará a cabo por cooperativas, comunidades o colectividades con los principios de solidaridad y cooperación. Para llevarla a cabo, el estado facilita créditos a los campesinos y a los trabajadores agropecuarios y crea una serie de instituciones que aportan herramientas jurídicas necesarias, técnicas mejoradas de trabajo y de organización económica de las explotaciones, apoyo a la distribución de productos y suministro de maquinaria. La redistribución de la tierra empieza devolviendo a los trabajadores de la tierra la propiedad de las tierras ociosas o de aquellas de las cuales no se puede demostrar la propiedad.

La Ley de Tierras, en particular, y la política agraria bolivariana, en general, tienen como objetivo un aspecto tan importante como la distribución de la tierra y la gestión democrática y participativa de su explotación: la soberanía alimentaria. A pesar de los abundantes y ricos recursos naturales con los que cuenta Venezuela, el capitalismo rentista del petróleo no había desarrollado las prácticas agrícolas, ya que las substituía por la importación de alimentos. Por lo tanto, en el camino de la definitiva independencia y soberanía económica era necesario revalorizar el trabajo de los campesinos, mejorar la productividad y combatir la infrautilización de los recursos para aumentar la producción hasta satisfacer la demanda interna. A partir de la aplicación de la nueva ley, se implementan programas de ayuda a nuevos usufructuarios de la tierra para modernizar el campo venezolano, sin olvidar el valor de la sostenibilidad, el trabajo digno y un sistema de propiedad justo.

Pero para lograr la soberanía alimentaria completa era necesario también hacer hincapié en la distribución de la producción. Es para este fin que la misión Mercal pone en funcionamiento multitud de puntos de suministro de producto fresco a bajo coste, no solo agrícola y agropecuario, sino también producto pesquero. Estos puntos de venta se proveían, en gran parte, de productos importados al inicio, que progresivamente se han ido substituyendo por producto interior. Más adelante, también se pondrían en marcha una red de establecimientos alimentarios a un coste no abusivo, como los restaurantes de arepas “Areperas Venezuela” o los supermercados “Bicentenario”. Además con el cambio del modelo distributivo, se evitaba que una huelga patronal como las del 2002 y 2003, volviera a dejar a la población sin acceso a la alimentación más básica, ya que casi la totalidad de la industria alimentaria era propiedad de una sola empresa.

Política internacional

Desde la aprobación de la nueva constitución bolivariana de 1999, Venezuela realiza un cambio de rumbo importante en las relaciones internacionales. Como ya se ha analizado anteriormente, uno de los primeros pasos es reintegrarse en la OPEP para tomar el control del principal producto de exportación, el petróleo, y para poder fijar el precio y las cuantidades que se comercializan. También se planta contra las políticas imperialistas de Estados Unidos, ya sea en el intento de militarizar todavía más Colombia, en el bloqueo de Cuba, en la invasión del Afganistán, o en la más significativa, el Acuerdo de Libre Comercio de América (ALCA) y los diferentes tratados de libre comercio promovidos por los vecinos del norte.

Es precisamente en este último aspecto, mediante la creación de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), en el que Venezuela da el paso más importante en materia de política internacional. El proyecto nace con el nombre de Alternativa Bolivariana para las Américas, pero años más tarde cambia el nombre por el actual, dejando atrás el término “alternativa” y adoptando en su lugar “alianza”. No se trata únicamente de un cambio de nombre, sino de un cambio de concepción en el proyecto. El que nace como una alternativa al ALCA y un desafío a la hegemonía de EEUU, se ha convertido en un proyecto común, necesario y con un largo recorrido por delante. El ALBA es un acuerdo de colaboración y cooperación política, social y económica de los estados miembros, basado siempre en una relación de igualdad y sustentado en el principio de la solidaridad. Pretende aprovechar las ventajas comparativas para compensar las asimetrías entre los diferentes países, para llegar a ser un proyecto de integración de América Latina y el Caribe no basado en la economía. El ALBA es opuesto al modelo del ALCA, el cual desintegra las economías más débiles.

Este proyecto nace en diciembre del 2004 con un acuerdo entre Cuba y Venezuela. Progresivamente se irán uniendo Bolivia (2006), Nicaragua (2007), Saint Germain y las Granadinas (2007), Dominica (2008), Antigua y Barbuda (2009) y Ecuador (2009), creando una unión de más de 70 millones de personas y más de 2.500.000 km². También fue miembro Honduras desde el 2008 hasta el 2009, cuando el país centroamericano vivió un golpe de estado. Además se mantienen acuerdos en materias concretas con otros países.

El ALBA funciona, por un lado a través de los Tratados de Comercio de los Pueblos (TCP), que son acuerdos de intercambio de bienes y servicios. Son una clara oposición a los Tratados de Libre Comercio (TLC). El ejemplo más exitoso es el programa del Petrocaribe, un acuerdo comercial de petróleo y otros productos energéticos, acompañado de políticas energéticas comunes, cooperación tecnológica, construcción y mejora de las infraestructuras energéticas y el fomento del aprovechamiento delas energías renovables. Un total de 16 estados participan de este acuerdo.

Por otro lado, el ALBA desarrolla diferentes proyectos Grannacionales en muchos ámbitos. Estos proyectos tienen una filosofía común que es la unión de las repúblicas latinoamericanas para conformar una gran nación, el desarrollo de las economías para conseguir satisfacer las necesidades sociales de las grandes mayorías, y conseguir un desarrollo sostenible con justicia social y derecho a la autodeterminación para estructurar políticas regionales soberanas. De los diversos proyectos Grannacionales podemos destacar el Banco del ALBA, que tiene como misión apoyar económicamente los diversos proyectos en marcha, ALBA Cultura, que promociona, produce y articula las diferentes expresiones de cultura propia de los pueblos de América, el Albamed que suministra medicamentos de calidad, con seguridad, eficacia y a bajo coste, y el Programa de Alfabetización que ha eliminado el analfabetismo de diversos de los países integrantes.

Finalmente, es necesario destacar dos nuevos elementos con los que cuenta el ALBA. El primero es el Consejo de Movimientos Sociales del ALBA, de reciente creación, que pretende ser un espacio de unidad popular y de integración de los pueblos desde la base. En segundo lugar el SUCRE o el Sistema Único de Compensación Regional, moneda virtual que se ha empezado a utilizar en algunas transacciones, que permite un intercambio de equivalencias que refuerce la reciprocidad entre los países del sur. De esta manera actúan en un sistema no marcado por el dólar y que, por lo tanto, no refuerza la hegemonía económica de los EEUU.

A pesar que el ALBA es la principal apuesta integradora de Venezuela para el continente americano, el país también participa de otros organismos o tratados internacionales, especialmente en la esfera económica. Es especialmente importante la entrada en el 2012 de Venezuela en el Mercosur, espacio que es, en términos de PIB, la sexta economía mundial, por detrás de EEUU, la Unión Europea, China, India y Japón. Además supone la asociación comercial preferente entre Brasil, Argentina y Venezuela, las tres grandes potencias de Sudamérica, y la creación de un centro más de un futuro mundo multipolar. Este tratado implica la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos, y la adopción de aranceles y políticas comerciales comunes. La participación de Venezuela en este espacio propicia su apuesta de integración de Latinoamérica de puertas a dentro y de transitar hacia un mundo multicéntrico de cara al exterior. Pero los retos que presenta el Mercosur no son despreciables, ya que es necesario saber superar el marco puramente comercial y no generar una integración “a la europea” en la que los países grandes absorban todo el valor añadido de la unión, infravalorando las pequeñas economías.

En el proceso de integración es también necesario destacar la creación de Telesur, una televisión pública internacional propiedad de 7 países diferentes de América, que pretende ser un contrapeso para las principales cadenas internacionales. Es el altavoz de “los sin voz” y de la América bolivariana. Es la herramienta de colectivización de los valores propios, la recuperación de todo lo propio, en oposición a la imposición imperialista

Conclusiones

En el periodo transcurrido desde la toma del poder político en 1998, a través de unas elecciones presidenciales, hasta el momento, son evidentes los cambios que se han producido en Venezuela. El país ha edificado un verdadero estado del bienestar universal que ha transformado esta república desguazada por las agresiones políticas neoliberales de los 80 y por el expolio de las potencias extranjeras y de los capitales internacionales. Hoy, Venezuela es un estado capitalista regido por la economía de mercado, donde operan empresas privadas nacionales y transnacionales, y donde la propiedad privada y la explotación laboral están plenamente presentes. Pero, tal y como ya hemos explicado, el país bolivariano ha abierto un camino que marca un rumbo hacia la superación del capitalismo y, al mismo tiempo, ha ido sembrando las bases que tienen que permitir construir el socialismo bolivariano. Aun así, es preciso repasar algunos aspectos claves que nos ayuden a ver con claridad la potencialidad de construir la alternativa.

El estado ha nacionalizado los sectores estratégicos de la economía, además de la industria petrolera, e interviene en otros sectores claves como el de la distribución de alimentos y productos básicos de consumo. En consecuencia, intenta garantizar el abastecimiento de productos básicos para toda la población, mientras el estado se protege contra un lock-out como el del 2003, que dañó gravemente la economía.

A pesar de la nacionalización de los sectores estratégicos, la propiedad del resto de la industria y de los medios de producción sigue estando, en buena medida, en manos privadas. Pero el Segundo Plan Socialista prevé ir ganando terreno a la propiedad privada de los medios de producción, tanto por la vía de la propiedad estatal, como de la propiedad comunal que ofrecen las EPS. Al mismo tiempo hace falta tener especialmente presente que la industria venezolana es todavía incipiente y que mantiene una relación de dependencia con el exterior.

En el sector primario se ha hecho un gran esfuerzo por romper con los sistemas de propiedad latifundista, dividiendo las parcelas y cediendo el usufructo de las extensiones agrarias improductivas a los campesinos y ganaderos sin tierra. Pero esto no implica eliminar la propiedad privada, sino que las tierras recuperadas pueden acabar siendo estatales, comunales, propiedad de las cooperativas agrarias o quedar en manos de los pequeños agricultores. Así mismo crece la producción agrícola nacional para substituir las importaciones, pero todavía se importa una tercera parte de lo que se consume.

La dependencia del petróleo es el centro de la economía Venezolana. Es la principal fuente de ingresos y, en consecuencia, también las políticas sociales y la revolución están vinculadas al mismo. Por el contrario, estos ingresos están potenciando la diversificación de la producción, el desarrollo industrial y la importación de conocimientos tecnológicos que deben disminuir esta dependencia. La actividad económica no petrolera, sobretodo la construcción y el comercio, está creciendo por encima de la petrolera. En el 2012 el gobierno fijó como objetivo acabar con esta dependencia, aunque es claro que no será una tarea fácil.

Al mismo tiempo, esta cuestión presenta algunas contradicciones. El petróleo ha sido el motor del capitalismo y también lo está siendo del Socialismo del siglo XXI, además supone la liquidación del patrimonio natural venezolano, presenta problemas para lograr la soberanía económica por la dependencia tecnológica del exterior y dependencia comercial con EEUU y es muy cuestionable la viabilidad a largo plazo del modelo solidario social de integración cooperativa basado en el petróleo.

La historia nos obliga a poner especial atención en la injerencia extranjera. Los capitales extranjeros se han estado nutriendo de Venezuela y del resto de países de América Latina desde su colonización, hace más de 500 años. En los últimos 50 años hemos observado numerosos intentos de tumbar gobiernos con la colaboración necesaria de potencias extranjeras y el inmenso valor económico de este país, en términos de recursos naturales y energéticos, lo ubica en el punto de mira. Es en esta dirección en la que la mayor parte de los medios de comunicación extranjeros, como los del estado español, mantienen una campaña permanente de desinformación y criminalización, es factible que en el fututo puedan justificar acciones ilegítimas y criminales contra la Venezuela bolivariana.

Por el contrario de lo dicho en el punto anterior, se percibe que se está construyendo un proyecto de integración sudamericana y del Caribe, sobretodo en el ámbito económico, pero también en aspectos culturales y políticos. La huella neoliberal de los países del norte y de Europa ha ido perdiendo fuerza y el sur empieza a emprender su propio camino hacia la verdadera independencia.

Se esta llevando a cabo un proceso de radicalización democrática que pretende transformar la democracia burguesa en un sistema político y social realmente protagónico y participativo. Este proceso se está construyendo a diferentes velocidades a cada parte del país, ya que es un paso que no puede ir impuesto desde arriba, sino que requiere la necesaria participación de la población consciente. Todavía es temprano para poder valorar su efectividad, y será necesario desjerarquizar un estado donde la centralidad política reside, en gran parte, en el gobierno y el presidente.

Está produciéndose una transformación observable de la mentalidad colectiva. Prueba de ello es que la oposición venezolana ha adquirido como propias partes importantes del programa bolivariano que antes rechazaba, como la educación y la sanidad pública universal. Cuando el proceso de transformación no se plantee únicamente en beneficio de la mayor parte de la población, las clases populares y trabajadoras, sino que sea totalmente protagonizada por las clases populares y trabajadoras, entonces el proceso será ya irreversible.

ULTIMA HORA:

Cuando este Informe estaba a punto de entrar en imprenta se produjo la muerte de Hugo Chávez, que puede suponer un fuerte vuelco en la situación de Venezuela: Es sabido que en las elecciones presidenciales de octubre de 2012, en las que se elegía presidente para el mandato de 2013 a 2019, Hugo Chávez, candidato de la coalición del Gran Polo Patriótico supero con el 55,07% de los votos al principal rival, Capriles Radonski, de la coalición Mesa por la Unidad Democrática que obtuvo el 44,31% de los votos. Con estas elecciones, que tuvieron un 80% de participación, la mayoría de la población respaldo la continuidad del presidente y su programa electoral que constituía el Segundo Plan Socialista de Nación. Pero la muerte por cáncer de Hugo Chávez el 5 de marzo de 2013, obligo a convocar nuevas elecciones presidenciales en las que se enfrentaron Nicolás Maduros, escogido por el mismo Chávez como sucesor a la presidencia del país, con el mismo candidato de la derecha, Capriles Radonski. En esta ocasión, en la que volvió a obtener la mayoría de los votos el candidato del Gran Polo Patriótico, la diferencia fue mucho más ajustada. Maduro obtuvo un 50,61% contra los 49,12 de Capriles, con una participación de casi el 80% del censo electoral. Una diferencia de poco más de 200.000 votos. No es sencilla la situación en Venezuela. No podemos más que constatar dichos acontecimientos. El futuro señalará si el proyecto potenciado principalmente por dicho dirigente permanece o las líneas en las que será modificado. Esperemos que pueda mantenerse e incluso mejorar el anhelo de tantas personas, sobre todo venezolanas pero también del mundo entero, por construir en dicho país un socialismo del siglo XXI que constituya una sociedad genuinamente alternativa


  1. ALBA-TCP: creación de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América-Tratado de Comercio de los Pueblos. Véase punto 3.7. 

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