6 Algunas propuestas contemporáneas

Hasta hace pocos años el interés acerca de las distintas propuestas alternativas al capitalismo era patrimonio casi exclusivo de los distintos movimientos sociales y corrientes políticas alternativas. A día de hoy, después de la eclosión de la crisis en agosto del 2007, el cuestionamiento del capitalismo como marco inamovible que define el conjunto de las relaciones sociales y económicas se ha extendido a un conjunto más amplio de la sociedad. El debate sobre el capitalismo está presente en muchas discusiones, foros y medios de comunicación que hasta este momento eran absolutamente reacios a ni tan solo tenerlo en cuenta como un modelo de sociedad susceptible de ser puesto en cuestión.

Más allá de que este interés por la crítica del capitalismo y sus posibles alternativas se haya convertido en un tema de debate actual lo cierto es que desde que existe el capitalismo ha habido muchas personas dispuestas a pensar y plantear como podría organizarse una sociedad al margen de los principios y valores que el capitalismo supone.

En este Capítulo pretendemos exponer resumidamente algunas propuestas recientes de diversos autores que han trabajado en esta dirección transformadora proponiendo esquemas de organización de una sociedad distinta del capitalismo. Como las utópicas, son propuestas de carácter normativo que nos exponen distintas forma de organización y funcionamiento de una posible sociedad alternativa al capitalismo.

El objetivo de este apartado, más allá de ofrecer una revisión crítica de las distintas propuestas planteadas, es el de ofrecer una visión sintética de algunos elementos centrales de las mismas con el objetivo que resulte útil en el proceso de reflexión de todas aquellas personas y grupos interesados en el debate sobre las alternativas. Quizá uno de los resultados más importantes que se puede obtener de esta revisión rápida sea el hecho de percibir que existen multitud de propuestas de sociedades alternativas y que no será por falta de modelos de otras sociedades por lo que no se avanza hacia una sociedad alternativa.

Igual que en el capítulo anterior hay que añadir que estas propuestas son tan numerosas y, además surgen nuevas cada día, que no es posible, ni nos parece que tiene interés, revisarlas todas ni en todos sus detalles.[1]. Por ello, también aquí hemos escogido de entre ellas algunas que nos parece que tienen una mayor presencia en el debate de los movimientos sociales y, en cada una de ellas, no comentamos sobre todos los aspectos, tarea que no se puede realizar en el marco de este trabajo, sino que nos limitamos a destacar algunos elementos concretos que nos parece presentan mayor interés para una sociedad alternativa. Asimismo, igual que con los utópicos, para definir que es lo que caracteriza a una propuesta como transformadora confrontamos cada una de ellas con los criterios que desarrollamos en el Capítulo 2. ‘Criterios fundamentales’ Ello nos permite evaluar la potencialidad transformadora de cada planteamiento

Las propuestas revisadas, con su autor de referencia entre paréntesis, son:

Democracia Económica (David Schweickart), La Economía Planificada de Equivalencias (Heinz Dieterich Steffan), el Socialismo pujante (David Laibman), Socialismo Planificado Democráticamente ( Al Campbell), Parecon (Michael Albert i Robert Hahnel), Democracia y planificación económica (Pat Devine) y Democracia Inclusiva ( Takis Fotopoulos).

También se han tenido en consideración y revisado los planteamientos de John Holloway, sostenidos en su obra “Cambiar el mundo sin tomar el poder”. Si bien este autor no plantea un modelo de sociedad alternativa como el resto de autores estudiados, sí que ofrece importantes reflexiones sobre el proceso de transición hacia una sociedad alternativa y lo recogemos para llamar la atención hacia este tema a menudo ausente o poco considerado en otras propuestas estudiadas, pero que abarca, sin embargo, aspecto de interés.

Una primera gran consideración que hay que tener en cuenta es que no todas las propuestas estudiadas tienen la misma amplitud. Mientras algunas de ellas, el caso de la propuesta de Pat Devine, o la Democracia Inclusiva, representan planteamientos que comprenden la transformación de toda la sociedad en su conjunto, en el caso de la Parecon, la propuesta de Dieterich, o la Democracia Económica de Schweickart se pone el acento de forma significativa en los aspectos económicos sin incidir de forma significativa en la coordinación de los distintos elementos económicos con el resto de los aspectos políticos y sociales que conforman la sociedad.

A continuación recogemos los aspectos que nos parecen de mayor interés en los trabajos de los autores que hemos señalado más arriba.

La organización económica. La propiedad de los recursos productivos, la organización del sistema de producción y los mecanismos de distribución.

Los elementos que contiene este apartado son centrales en el planteamiento de cualquier propuesta alternativa. Se refieren a los elementos estructurales del sistema económico, de la base material sobre la que se construye la sociedad. Toda alternativa al capitalismo deberá constituirse a partir de un sistema productivo concreto responsable de la producción de los bienes materiales y servicios indispensables para la satisfacción de las necesidades de la población[2]. A su vez, todo proyecto alternativo, deberá apostar por alguna modalidad concreta de propiedad de los medios de producción, alternativa a la propiedad privada. No obstante, y de manera fundamental, más allá de la propiedad de los medios de producción también deberá tenerse muy en cuenta quien ostenta el control de los mismos. Como señala Takis Fotopoulos “la experiencia socialista (como la capitalista) del siglo pasado ha mostrado claramente que como mínimo resulta simplista hablar sólo de la propiedad de los medios de producción en lugar de “la propiedad y el control”. Como mostró particularmente la experiencia del estatismo socialista, es perfectamente posible que los medios de producción no sean poseídos privadamente pero sean controlados privadamente, no por capitalistas sino por burócratas y tecnócratas de partido”.

También hay que tener muy en cuenta que un modelo alternativo no significa la misma sociedad actual con otra forma de propiedad, sino que un modelo alternativo supone otra forma de organizar la sociedad en todos sus aspectos.

Democracia Económica (DE), planteada por David Scheweickart, Esta propuesta sostiene la propiedad social de los medios de producción en un sistema en el que las empresas serán autogestionadas por los trabajadores.

En este sentido este autor plantea un modelo que, según él, comparte algunos elementos con el modelo socialista yugoslavo, con el capitalismo japonés y con el cooperativismo de Mondragón, pero que tal y como el autor deja bien claro, su modelo no representa una versión elaborada de ninguno de ellos.

En el modelo de la DE, cada empresa productiva está gestionada por los que trabajan en ella. Los trabajadores son responsables del funcionamiento de todo el complejo: organización del trabajo, disciplina interna, técnicas de producción, naturaleza y cantidad de esta, forma de predistribución de los beneficios. Sobre el tema de los salarios plantea que probablemente deberá insistirse en la necesidad de la existencia de un nivel concreto de salario mínimo. Las decisiones sobre estos aspectos deberán tomarse sobre el criterio democrático de cada persona un voto. En el caso de que, por sus dimensiones, alguna unidad productiva lo requiriese podría considerarse la posibilidad de crear alguna modalidad de delegación de la autoridad. En este caso los cargos siempre deberían ser elegidos por los trabajadores, no nombrados por el Estado o decididos por la comunidad en general. Según el autor podría ser aconsejable disponer de una estructura remunerativa oficial que reflejará la misma retribución para las mismas capacidades, con primas complementarias basadas en la rentabilidad de la empresa. Si una empresa no fuera capaz de generar los ingresos per cápita mínimos debería declararse en quiebra. En esta situación se liquidaría el capital mobiliario para pagar a los acreedores, mientras que el valor del capital fijo volvería a la comunidad a través de los mecanismos existentes para tal efecto.

El modelo de la DE contiene como un elemento central de la propuesta su planteamiento sobre el control social de la inversión.

En la DE, los fondos de inversión se generan y se asignan a través de métodos democráticos. No se contempla el tipo de interés para los ahorradores como la forma de captar los fondos que se destinaran a la inversión, el mecanismo que permite esa captación de recursos es el pago de una tasa impositiva sobre el uso de los bienes de capital. Este gravamen, que seria el equivalente al tipo de interés de la economía capitalista, serviría para cumplir dos propósitos importantes: estimularía el uso eficiente de los bienes de equipo a la vez que serviría para captar los fondos para financiar nuevas inversiones. Dado que este impuesto patrimonial es la fuente de los fondos de inversión, no existe ningún motivo especial para pagar ningún interés sobre los ahorros de los particulares, ni para gravar con intereses los créditos personales.

El autor se decanta por el gravamen de un impuesto en lugar del mecanismo capitalista del tipo de interés por el hecho que el mecanismo impositivo presenta de forma más evidente que se está pagando un precio por hacer uso de una propiedad creada y poseída por la colectividad.

Schweickart plantea que el control social de los fondos de inversión, debidamente democratizado y descentralizado, se obtendrá través de diversos planes de las instituciones sociales de crédito relacionadas entre sí.

Distingue tres tipos de inversiones que la sociedad podría desear:

  1. Las que las empresas querrían realizar espontáneamente para ser rentables.
  2. Las inversiones dirigidas a obtener dinero, pero que debido a factores externos de consumo o reproducción, son más valiosas par la sociedad de lo que su rentabilidad indica.
  3. Las inversiones de capital relacionadas con la creación de bienes y servicios gratuitos, como por ejemplo las escuelas, los hospitales, los medios de transporte colectivos, los centros de investigación etc.

Los puntos dos y tres incluyen los proyectos que deberán fomentarse a través de mecanismos de planificación. Las decisiones sobre qué proyectos de esta naturaleza deberán impulsarse se tomarán de forma democrática, después de un amplio debate, a través de los órganos legislativos escogidos para cada uno de los niveles.

La asignación de los fondos se realizará de la siguiente forma: en primer lugar el poder legislativo decide las inversiones de capital público destinadas a proyectos de carácter estatal. Los fondos para estos proyectos se asignarán al organismo nacional competente. El resto de los fondos se distribuirá entra las regiones (provincias, estados, etc.) en proporción a sus respectivas poblaciones. Los distintos órganos legislativos regionales adoptarán, del mismo modo, las decisiones sobre las inversiones de carácter público y los distintos proyectos que se considere necesario incentivar. Los fondos requeridos para estos proyectos se transferirán a las autoridades regionales competentes. El resto de fondos se asignarán, en proporción a su población, a las distintas comunidades que decidirán sobre la inversión pública local y la política de subvenciones. Las subvenciones otorgadas no deberían devolverse sino que se añadirían al total de los bienes de capital de la empresa, y por tanto a su base impositiva.

Los gastos de operación de todos los organismos estatales deberán financiarse por separado, posiblemente a través de un impuesto sobre la renta y/o sobre el consumo.

Una vez adoptadas democráticamente las decisiones en los niveles, nacional, regional y local, las comunidades ingresarían sus respectivos fondos en sus bancos. Cada una de las empresas de la zona depositaria sus reservas de amortización así como sus ingresos en el banco que prefiriese, el cual le aportaría el capital circulante necesario además de prestarle también los servicios técnicos y financieros que requiriese. Cada banco seria gestionado como una “cooperativa de segundo grado”, esto significa que en su consejo de gobierno participarían representantes de otros sectores distintos. El consejo de gobierno de un banco comunitario debería incluir representantes del organismo de planificación de la comunidad, de la plantilla del banco y de las empresas que trabajan con el banco. Cada banco recibe de la comunidad una parte de los fondos de inversión asignados a la misma, determinada en función del tamaño y el número de las empresas afiliadas al banco, del éxito de los créditos anteriores y del número de puestos de trabajo creados a través de los proyectos financiados por el banco.

Los beneficios del banco, que deberán distribuirse entre sus trabajadores, procederán de la recaudación de impuestos generales según una fórmula que relacionara los beneficios del banco con su éxito en conceder subvenciones rentables y crear ocupación.

Por lo que se refiere a los mecanismos de distribución de las mercancías obtenidas en los procesos de producción, en la DE se sostiene que este proceso se desarrollará a través del mercado. Los precios se regularán a través de la oferta y la demanda. Según el autor existen algunas excepciones en las que se debería establecer algún control sobre los precios; en esta dirección señala como ejemplos aquellas industrias que reflejen una concentración de carácter monopolista o las vinculadas a la agricultura y a formas de vida tradicionales que se pretenda preservar. En la DE se contempla la intervención del Estado para paliar el mal funcionamiento del mercado.

El máximo beneficio será el objetivo de las empresas en la DE, pero éste no tendría el mismo sentido que en la sociedad actual. Las empresas se esforzarían por maximizar la diferencia entre el total de ventas y el total de costos no laborales. En la DE el trabajo no es otro “factor de producción” como lo serian la tierra y el capital. El trabajo no sería en absoluto una mercancía por el hecho que un trabajador, desde el momento que entra en una empresa, es un miembro con derecho a voto y una participación determinada en los beneficios netos. Serán los propios trabajadores los que decidirán cual es la estructura de salarios más adecuada dentro de cada empresa y serán ellos los que decidirán también si debe haber diferencias salariales entre los trabajadores.

Economía planificada de Equivalencias, de Heinz Dieterich Steffan, En su modelo sostiene la construcción de la sociedad socialista alternativa a partir de la implementación del principio de equivalencia, la democracia participativa y el Estado no clasista.

En lo que se refiere a la propiedad de los medios de producción, considera que la forma de propiedad de estos no es relevante para la realización del principio de equivalencia, elemento central de la teoría económica de su sociedad. A pesar de ello, según el autor, en la medida en que la economía de equivalencias se imponga a la economía de mercado, desparecerá el beneficio privado y la propiedad privada de los medios de producción perderá su base, desaparecerá por sí sola.

En la propuesta de Dieterich el intercambio está regido estrictu sensu por el principio de equivalencia. Este principio que, según el autor, define la justicia social, se basa en que el salario equivale directa y absolutamente al tiempo trabajado. Los precios equivalen al valor y no contienen otra cosa que no sea la absoluta equivalencia del trabajo incorporado a los bienes. En la práctica pues significa “la equivalencia entre el esfuerzo laboral medio y la compensación directamente proporcional a este esfuerzo a través de productos y servicios”

Con el objetivo de desarrollar esta propuesta se deberá analizar y consensuar a nivel social el tiempo invertido en la fabricación y en consecuencia el valor de cada bien o servicio.

La tierra y los recursos naturales son considerados propiedad común, controlados por el Estado. Todas las actividades públicas que no creen valor (educación, medicina, jurisprudencia, etc.) podrán pagarse a través de impuestos. Por lo que se refiere al almacenaje, transporte y distribución de los bienes producidos, tendrían la consideración de servicios el valor de los cuales equivaldría al tiempo de trabajo invertido. De esta forma su valor se incluiría en el valor de los bienes distribuidos.

Según este autor, los avances tecnológicos sobre todo en el campo de la informática facilitarán la transición hacia la economía de equivalencias.

En lo referido a la homogeneización de los distintos tipos de trabajo existentes en la sociedad, lo que en términos marxistas se conoce como la problemática del trabajo simple y el trabajo complejo, según el autor sobre este tema existe un componente subjetivo importante y debería darse, por tanto, un consenso social respecto del diferencial en la remuneración que fuera más allá de los aspectos puramente técnicos y específicos. No obstante, en este sentido señala que cuando la mayor productividad de un trabajador sea el resultado del mérito personal, éste debería recibir una gratificación al valor base obtenido por su jornada laboral.

Otro aspecto a tener en cuenta, según el autor, es el que se refiere a las condiciones de trabajo. Aquellas personas que desarrollan labores físicamente más duras deberían recibir algún tipo de gratificación complementaria respeto a las que trabajan en condiciones más confortables.

Respecto a los mecanismos de distribución, según el autor, en la economía de equivalencias no existiría mercado por el simple hecho que el precio no resultaría de la acción de la oferta y la demanda, sino del valor de los precios producidos.

Al Campbell en su propuesta de Socialismo Democrático Planificado (SDP) parte de la consideración que en el capitalismo los derechos de propiedad sobre los medios de producción siempre triunfan sobre los derechos democráticos. Así pues el avance hacia una sociedad socialista debe considerar como imprescindible la nacionalización de los medios de producción. Su razonamiento se basa en que el objetivo general del socialismo es el desarrollo humano (la posibilidad de que cada persona pueda desarrollar sus potencialidades) y a nivel específico los objetivos serian el autogobierno, la democracia, la igualdad y la solidaridad. Para conseguir estos objetivos la nacionalización de los medios de producción debe suponer un avance tanto para avanzar hacia la igualdad como para conseguir el autogobierno en la economía. Por tanto todos los bienes de capital deberían ser de propiedad colectiva no del conjunto de los trabajadores que los utiliza.

Sobre los mecanismo de distribución, Al Campbell considera que se debe abandonar el mercado y moverse en la dirección de una economía planificada democráticamente. Dado que las personas siempre tienen ideas distintas respecto a lo que se debe producir, consumir y como se debe distribuir lo producido, resulta esencial la interacción social democrática para la consecución del objetivo socialista de que las personas controlen de forma consciente y colectiva las instituciones en la que se hallan integradas. Por tanto deberá existir un consejo de inversiones (CI) democráticamente seleccionado que determinará las inversiones. El modelo de Campbell, en lo referente a la toma de decisiones, contempla mecanismos centralizados y descentralizados a la vez. La naturaleza económica de cada uno de los aspectos a decidir determinará como se deben tomar las decisiones. Todos los aspectos que requieran atención centralizada serán coordinados por un gobierno democráticamente escogido o por juntas democráticamente escogidas que se encargarán de plasmar a nivel práctico las preferencias de la sociedad.

En lo referido a la remuneración laboral, el funcionamiento de base sería que se pagaría a los trabajadores (colectivamente) el valor total de lo producido para luego desarrollar un sistema fiscal que permitiera la financiación de las inversiones, del consumo público, de los servicios sociales y de la estructura gubernamental. Cualquier proveedor de un servicio socialmente útil, determinado como tal por la comunidad, que no sea pagado por los consumidores deberá ser pagado por la comunidad. Este planteamiento se contempla en el modelo para todos los bienes públicos y servicios sociales (como el mantenimiento de instalaciones, educación, cuidados, salud etc.).

Pat Devine nos plantea un modelo de Democracia y Planificación económica. El objetivo de su modelo se basa en organizar un proceso productivo bajo el control social, de manera que los recursos productivos sean utilizados para satisfacer las necesidades sociales; con democracia participativa, para que sean las personas las que definan las necesidades sociales; y la abolición de la división social del trabajo para que todas las personas disfruten de un acceso igualitario a las actividades productivas. Devine tiene dos elementos característicos en su modelo: la coordinación negociada y la autogestión ampliada.

En lo referido a la propiedad sostiene que ésta debe ser social, no privada. Según el autor la propiedad estatal o pública no asegura la propiedad social. La nacionalización de los medios de producción es un primer paso crucial hacia su socialización, pero ésta no es suficiente por si sola para conseguirla. La propiedad social debe cumplir dos criterios. Primero, los medios de producción deben ser empleados en función de los intereses de la sociedad. Segundo, la sociedad debe tener una disposición efectiva sobre los medios de producción que posee.

En la organización de la producción la planificación juega un papel crucial. Devine considera a la planificación imprescindible si en la sociedad que se pretende construir las personas deben tener control sobre las decisiones que les afectan, a la vez que se busquen soluciones colectivas en lugar de individuales a los distintos problemas que surjan. La planificación también es necesaria para evitar la inestabilidad y la incertidumbre que genera el sistema de mercado, así como las desigualdades regionales que este genera y profundiza. Devine no concede ningún papel al mercado en su modelo de sociedad.

Las decisiones sobre la forma de distribuir los recursos entre las diferentes actividades deben ser tomadas, a través de la planificación, por el conjunto de la sociedad. No obstante la forma de implementar este plan debe desarrollarse de forma descentralizada y autogestionada. Debe participar toda la sociedad.

En el modelo de planificación de Devine juega un papel importante el mecanismo de la Coordinación Negociada. Este consiste en un modelo para coordinar decisiones sobre producción e inversión a través de la negociación, por tanto sin utilizar los mecanismos de la centralización administrativa ni las “fuerzas” del mercado.

En este modelo las decisiones sobre la inversión dentro de una rama industrial concreta son tomadas por el órgano de negociación coordinada de ésta en el cual participan todas las unidades de la rama con toda la información disponible. Así pues en cada órgano de coordinación de rama participaran además de los trabajadores, representantes de los proveedores, usuarios y distintos grupos de interés.

Existiría, así mismo, un órgano de coordinación negociada “central”, que tendría acceso a toda la información de las distintas unidades de producción y s encargaría de coordinar todas las decisiones tomadas.

Siguiendo el mismo principio, los centros de trabajo serían autogestionados a través de un mecanismo de autogestión ampliada. Para que exista un verdadero control social de los medios de producción, la autogestión de las empresas debe ejercerse dentro del marco global que resulte de la toma de decisiones a nivel social expresada a través de un plan. Y la autogestión a nivel empresarial es una condición esencial pero dista mucho de ser suficiente.

Este autor presenta un planteamiento muy novedoso respecto a la autogestión, consistente en la autogestión ampliada, señalando que ésta debe incluir más elementos que meramente los trabajadores de la empresa, debiendo completarse con representantes locales de los territorios donde éstas están situadas e incluso de los proveedores y consumidores del producto que se fabrica.

Según Devine, el uso de los medios de producción ha de estar controlado por todas aquellas personas directamente afectadas por su uso (trabajadores, consumidores, residentes en la comunidad donde se ubica la empresa, la sociedad cuando se refiere a grandes empresas, grupos preocupados por el impacto ambiental, por las desigualdades generadas etc.).El sistema democrático de planificación y toma de decisiones a través de la coordinación negociada permitiría crear una sociedad autogobernada capaz de organizar la economía en base a acuerdos y definiciones construidas socialmente.

Este sistema requiere la existencia de precios. En el modelo de Devine, los precios serian fijos, determinados por las unidades de producción y estarían basados en los costes de producción a largo plazo que serían calculados teniendo en cuenta criterios socialmente definidos, decididos democráticamente.

En lo que se refiere a los salarios, una economía planificada requiere una política de ingresos que haga efectiva la asignación planificada de recursos de acuerdo con las prioridades socialmente definidas. Los salarios se fijarían a través de la coordinación negociada en la que participaran todos los grupos implicados y según las prioridades sociales.

Resulta interesante la consideración que Devine hace al respecto de las posibilidades de la toma de decisiones de forma descentralizada en sociedades donde no existe todavía ni el poder ni la conciencia para desarrollar los mecanismos de coordinación negociada. Según el autor, en ausencia del poder y la conciencia necesarios, la descentralización en la toma de decisiones es probable que tenga efectos contradictorios. El control de edificaciones y terrenos por parte de las asociaciones de vecinos o el control de las escuelas por parte de las asociaciones de padres y madres podrían resultar en discriminación racial o de clase social. Empresas controladas por los trabajadores podrían perseguir intereses corporativos o caer fácilmente en la autoexplotación.

Devine, en la búsqueda del objetivo de la abolición de la explotación, considera que ésta debe vincularse con el control de los resultados del proceso productivo en su conjunto. Considera que las características de las actividades, de las relaciones en las que las personas se involucran determinan sus posibilidades de desarrollo. Por ello distingue entre la división técnica del trabajo y la división social del trabajo. Mientras que la primera haría referencia a los conocimientos técnicos aplicados a la producción, la segunda se caracterizaría por la división establecida entre las personas que ostentan los distintos conocimientos. Según Devine, se debe mantener la primera por el hecho que resulta imposible que todas las personas puedan desarrollar todas las tareas existentes (por ejemplo ejercer de cirujano y a la vez de cocinero del hospital) pero se debe eliminar la segunda por el hecho que resulta inadmisible que se generen distintos estatus sociales en función de la tarea realizada. En lo que se refiere a las tareas referidas a la organización y el control sostiene que todo el mundo tiene que participar igualmente en ellas. Es a través de mecanismos de elección democrática la forma en que se posibilita que todo el mundo asuma este tipo de responsabilidades.

La Democracia Inclusiva (DI) de Takis Fotopoulos nos muestra un planteamiento absolutamente global, que abarca el conjunto de la sociedad en todos y cada uno de sus aspectos.

Según Fotopoulos podemos distinguir cuatro elementos constitutivos de una democracia inclusiva: el político, el económico, “la democracia en el reino social” y el ecológico. Los tres primeros constituyen el marco institucional que apunta a la distribución igualitaria del poder político, económico y social respectivamente; en otras palabras, el sistema que apunta a la eliminación efectiva de la dominación del ser humano sobre otro ser humano. De manera similar, la democracia ecológica se define como el marco institucional que apunta a reintegrar al ser humano con la naturaleza.

Los elementos principales de la DI, en lo que se refiere a la democracia económica para una economía sin estado, sin dinero y sin mercado, serian los que se exponen a continuación.

El órgano de decisión política fundamental de cada comunidad independiente es la asamblea demótica[3]. Las comunidades (demo) se coordinan a través de consejos administrativos regionales y confederales de delegados con mandatos revocables y rotativos.

Los medios de producción pertenecen a cada comunidad (demos) y son cedidos a los trabajadores de cada unidad de producción con un contrato a largo plazo.

El propósito de la producción no es el crecimiento sino la satisfacción de las necesidades básicas (definidas democráticamente) de todos los ciudadanos. Estas necesidades son definidas democráticamente y no se refieren simplemente a la cantidad de bienes y servicios producidos sino también a la calidad de vida en el marco del respeto a los límites ecológicos. La eficiencia se define basándose en estos objetivos y la tecnología se reconstituye de acuerdo con ellos.

Con el objetivo de poder satisfacer las necesidades básicas definidas, todas las personas con capacidad de trabajar deberían ofrecer una cantidad mínima de trabajo. Además de las necesidades básicas existiría otro gran grupo de necesidades consideradas no básicas. Estas se definirían en función del deseo expresado por los miembros de la comunidad y, con el objetivo de satisfacerlas, se debería estar dispuesto a trabajar de forma adicional más allá del trabajo destinado a cubrir las necesidades básicas. Se debe tener presente que se decide colectivamente por las personas, como ciudadanas, las que deciden colectivamente como cubrir las necesidades básicas; pero dentro de los bienes existentes, las personas pueden elegir individualmente los productos para satisfacerlas. Así mismo pueden elegir de forma individual como satisfacer las necesidades no básicas.

Las personas aparte de participar como ciudadanas en las asambleas demóticas, donde se determinan los objetivos generales de planificación para satisfacer las necesidades básicas, también participan como trabajadoras, con el mismo nivel de influencia y con toda la información relevante disponible, en las asambleas de su centro de trabajo respectivo, en un proceso de modificación/implementación del plan demótico y en la gestión de su propio centro de trabajo.

En el modelo de DI, el mecanismo de ajuste que asegura la igualdad entre la oferta y la demanda para los diversos tipos de trabajo se basa en la distinción entre el tipo de trabajo básico, dedicado a cubrir las necesidades básicas, y el no básico. Por lo que se refiere al trabajo básico, ya se ha explicado que cada ciudadano deberá dedicar unas horas mínimas a este trabajo para asegurar la satisfacción de las necesidades básicas acordadas. En lo que se refiere al trabajo no básico, la oferta y la demanda se equilibran a través del mecanismo de ajuste proporcional que supone el “índice de remuneración”. Este se determina a partir de los deseos de los ciudadanos como productores (índice de atractivo), como por sus deseos como consumidores (precios). Por ejemplo si demasiados ciudadanos desean trabajar como actores en comparación con la demanda existente de los mismos, entonces el índice de remuneración de los actores caerá, disuadiendo a aquellos que no estén demasiado interesados en esa profesión.

La remuneración es relativa a la necesidad, en lo que se refiere a las necesidades básicas y relativa al trabajo, al esfuerzo, en lo referido a las no básicas. En la DI se reconoce que la cobertura de las necesidades básicas es un derecho que no puede ser negado a nadie, siempre que se ofrezca la contribución mínima de trabajo requerida.

Las decisiones económicas de los ciudadanos, tomadas tanto colectivamente como individualmente son implementadas a través de una combinación entre planificación democrática y un mercado artificial basado en “vales personales”. Este mecanismo tiene el objetivo de reemplazar tanto el mecanismo de mercado como el mecanismo de planificación central. Los “Vales Básicos” son los repartidos a cambio del trabajo básico, es decir a cambio del número de horas de trabajo requeridas a cada ciudadano en una tarea de su elección destinadas a cubrir las necesidades básicas. Estos vales emitidos a título personal por la institución confederal, dan derecho a cada ciudadano a un determinado nivel de satisfacción de cada necesidad básica concreta, pero no especifican el tipo concreto de “satisfactor”, es decir del producto que se quiera consumir.

Los “Vales no Básicos”, repartidos a cambio de trabajo no básico, se utilizan para la satisfacción de las necesidades no básicas (consumo que no es esencial) así como para la satisfacción de las necesidades básicas por encima del nivel preescrito por la asamblea. Los Vales no Básicos, al igual que los Vales Básicos, también son personales pero a diferencia de los Vales Básicos estos son expedidos por cada comunidad en lugar de serlo por la confederación.

Los precios en este sistema funcionan como dispositivos de racionamiento para ajustar la escasez con los deseos de la ciudadanía.

El mercado artificial y el sistema de vales se dirigen a asegurar una verdadera libertad de elección, por el hecho que este mecanismo permite que se pueda desarrollar una sana competencia entre los distintos centros de trabajo. Así en una Democracia Inclusiva, un grupo de ciudadanos podrían iniciar una empresa demótica (es decir una empresa poseída y controlada por el demos) en cualquier tipo de actividad que deseen, mientras que su propósito sea aprobado por la asamblea demótica y sus comités. Estas nuevas empresas podrían “competir” con otras empresas dedicadas a la misma línea de actividad y determinar su nivel de producción en base a los vales recibidos.

Para finalizar el repaso de las distintas propuestas normativas en lo referente a su planteamiento económico expondremos las principales características del modelo de la Parecon, desarrollado por Michael Albert i Robert Hahnel.

En lo referente a la propiedad, Albert define que en la Parecon, los medios de producción son de propiedad no privada, no obstante no especifica que forma adoptará la propiedad de los medios de producción. Albert es muy poco preciso en este aspecto.

Los principales órganos de decisión en el modelo Parecon son los consejos de trabajadores y los consejos de consumidores.

En lo que se refiere a los consejos de trabajadores, cada centro de trabajo es gobernado por un consejo de trabajadores en que cada trabajador tiene los mismos derechos de decisión y la misma responsabilidad que cualquier otro. Consejos de distinto tamaño dirigen distintas actividades teniendo en cuenta que el input en la toma de decisiones debe ser proporcional al impacto de las decisiones sobre aquellos que las toman.

En lo referido a los consejos de consumidores, el consumo participativo se organiza en un sistema de consejos y federaciones cada vez mayor. La asignación de recursos en la Parecon funciona según lo que Albert llama “planificación participativa descentralizada”.

La planificación en el consumo se inicia con proyectos colectivos de consumo, empezando en el nivel más alto y continuando hacia abajo, culminando en una votación sobre un paquete entero de consumo colectivo. Cada consejo de barrio forma parte de una sección mayor, región, estado, federación nacional de consejos. Después de recibir el feedback de todos los hogares, la mesa de facilitación del consumo colectivo reconfigura todas sus propuestas para que éstas puedan ser reconsideradas por los hogares. Finalmente son los hogares los que deciden el consumo final a partir de los distintos paquetes propuestos.

En lo que se refiere al consumo personal, el consumidor individual considera su consumo bajo el paraguas de los planes colectivos ya determinados por su región, barrio etc. Los consumidores determinan sus necesidades de consumo personal teniendo en cuenta las necesidades colectivas, así como las implicaciones de sus pedidos para los trabajadores (a través de información generada por ordenador). Las decisiones sobre la asignación presupuestaria a cada consejo dependen de su historia pasada, las experiencias de trabajo y las necesidades.

La organización del trabajo en la Parecon se basa en la figura central que representan los “complejos laborales equilibrados”. Se argumenta que la ausencia de clases y una democracia real en el centro de trabajo requiere que cada trabajador disponga de un complejo laboral compuesto de responsabilidades comparativamente satisfactorias. Es decir una combinación de tareas que le proporcionen una combinación de responsabilidades de forma que a cada trabajador le garanticen unas circunstancias de trabajo aproximadamente comparables a las del resto. En este esquema todo el mundo realiza un conjunto único de tareas que resulta de una asignación equitativa. Formar complejos laborales comparables requiere que se evalúen las tareas de cada centro de trabajo y se combinen de forma cuidadosa en distintos complejos que otorguen el mismo grado de empoderamiento, no sólo dentro de los centros de trabajo sino también entre ellos. Para facilitar la valoración de las tareas laborales y equilibrarlas, Albert sugiere la creación de “comités de complejos laborales” tanto dentro de cada centro de trabajo como para el conjunto de la economía, que realicen propuestas sobre la combinación de tareas y la asignación de los tiempos de trabajo.

En lo referente a la remuneración del trabajo, el principio general de la Parecon es que cada trabajador debería tener una participación en el resultado de la producción proporcionada a la magnitud relativa de esfuerzo o sacrificio que haya empleado realizando su trabajo social útil. Albert sugiere que la cantidad que se gana en un complejo laboral para una jornada de treinta horas teniendo en cuenta una intensidad mediana de esfuerzo, representa el ingreso básico. A partir de aquí un trabajo más intenso o una jornada más larga proporcionarían ingresos superiores.

En lo que afecta a las necesidades básicas se contempla en el modelo que las actividades de consumo colectivo, tales como la sanidad o los parques públicos, serán gratuitos. En lo referido a las necesidades especiales, las personas podrán hacer pedidos particulares de consumo en base a sus necesidades.

La organización política de la sociedad. El poder y la toma de decisiones colectivas.

Como se ha señalado al inicio, la mayoría de las propuestas analizadas incluyen una visión detallada del proyecto económico previsto para una sociedad alternativa pero en cambio señalan pocas cosas al respecto de la organización política de la sociedad que se pretende construir. Son sobretodo Devine y el proyecto de Democracia Inclusiva los que prestan más atención a este tema que trasciende el ámbito puramente económico.

La Democracia Económica de Schweickart, plantea una propuesta social caracterizada por la democracia política tal y como la concebimos actualmente. Con partidos políticos, sindicatos y las distintas formas institucionales pertinentes. Así el autor da por supuesto un estado constitucional que garantice las libertades civiles para todos.

Dieterich en su propuesta del Socialismo del Siglo XXI, apuesta porque el mecanismo de la toma de decisiones se base en la democracia participativa. Con este término el autor se refiere a la capacidad real de la mayoría de la ciudadanía para decidir los asuntos principales de la nación. Se trata de una ampliación cualitativa de la democracia formal, en ésta el único poder de decisión política reside en el sufragio periódico basado en los partidos políticos. En la democracia participativa, esta capacidad no será coyuntural y exclusiva de la esfera política, sino permanente y extensiva a todas las esferas de la vida social, desde las fábricas y los cuarteles militares hasta las universidades y los medios de comunicación. La gran empresa privada así como el estado desaparecen como tales en la democracia participativa.

Pat Devine basa su consideración sobre los mecanismos de participación social en la sentencia que el socialismo debe ser democrático y que la democracia requiere del socialismo. Esto para él se traduce en una combinación de democracia parlamentaria, democracia participativa y democracia directa. Devine plantea que en todos los ámbitos posibles debe apostarse por la democracia directa.

En la profundización democrática juega un papel esencial lo que Devine llama “Autogobierno”. Este consiste en una actividad de organización autónoma, autoactiva y voluntaria. Es un concepto que pertenece al funcionamiento de la sociedad. No resulta adecuado ni para las estructuras administrativas del estado ni para las empresas, donde el modelo organizativo debe ser la autogestión. Las personas pueden pertenecer a distintos grupos de autogobierno, estos grupos se constituyen cuando las personas perciben que comparten una preocupación común y deciden actuar colectivamente en relación a ella. Devine considera que para que el poder social del estado y de la administración puedan ser controlados, reducidos y eventualmente eliminados, se requiere el desarrollo del autogobierno en todos los aspectos de la sociedad civil. Del despliegue de esta dinámica para el conjunto de la sociedad resultará la creación de centros autónomos de poder con los que la estructura administrativa estará obligada a cooperar para la implementación de distintas políticas. Para Devine, a largo plazo, el poder del estado debe ir despareciendo.

Los grupos de autogobierno coexistirán con el resto de mecanismos de toma de decisiones colectivas. De este modo el poder político residiría fundamentalmente en asambleas representativas democráticamente elegidas tanto a nivel nacional, regional como local. Todo el mundo debe poder ser escogido por las diferentes asambleas representativas. Las decisiones serían tomadas a nivel local, a no ser que existieran razones suficientes para que fueran tomadas a un nivel más general. Las tareas de carácter técnico que se derivasen de la toma de decisiones se realizarían por designación. En lo referido a las tareas funcionales (órganos de dirección y control de las tareas técnicas), estas recaerían por elección en los distintos miembros de la comunidad y todos las personas de la comunidad deberían participar en las mismas.

Devine considera necesario la existencia de distintos partidos políticos por el hecho que cada uno de ellos reflejaría valores y prioridades políticas particulares que, según él, deben poder expresarse en una sociedad democrática.

El proyecto de la democracia inclusiva de Fotopoulos, como ya se ha dicho anteriormente, representa la articulación de la democracia en todos los ámbitos de la vida y de la sociedad. Así además de la democracia económica, la Democracia Inclusiva representa también la extensión de la democracia en la esfera política, social y ecológica.

Para Fotopoulos, la democracia política es fundamental para la distribución igualitaria del poder político entre todos los ciudadanos y ciudadanas. Esto, según el autor, significa que todas las decisiones políticas (incluyendo las relacionadas con la formación y ejecución de leyes) deben ser tomadas directamente por la ciudadanía sin que medie ningún tipo de representación. Otro elemento fundamental para la democracia política es que no exista ningún tipo de estructura política que implique relaciones de poder desiguales. Así pues la delegación a la ciudadanía de las distintas tareas específicas se realizará a suertes, de manera rotacional y con carácter siempre revocable por el conjunto de los ciudadanos. Un último elemento en lo referente a la democracia política en el marco del proyecto de la Democracia Inclusiva es que todos los residentes de un área geográfica concreta, más allá de cierta edad de madurez (decidida por la mismo ciudadanía) independientemente del género, raza, etnia o identidad cultural, pertenezcan al conjunto de ciudadanos y por tanto resulten directamente implicados en el proceso de toma de decisiones.

Fotopoulos considera que una Democracia Inclusiva es inconcebible a menos que junto con la democracia política y económica exista un proceso también democrático en el resto de ámbitos de la sociedad (escuela, puesto de trabajo, hogar, etc.)

En lo que se refiere a la democracia ecológica considera que para la existencia de una relación armoniosa entre el mundo natural y el mundo social constituye la condición necesaria la sustitución de la economía de mercado por un nuevo marco institucional de democracia inclusiva. La condición de suficiencia es el nivel de conciencia ecológica de los ciudadanos.

El proceso de transformación y el sujeto emancipador. La transición hacia la sociedad alternativa.

Los diferentes planteamientos estudiados, con la excepción de la propuesta de Holloway, que representa un enfoque radicalmente distinto al resto, contemplan de forma similar el proceso de transición hacia la sociedad alternativa. Ninguno de ellos contempla la ruptura revolucionaria y la implementación del proceso de transformación a través de la fuerza. Todos apuestan por vías pacíficas a partir de los instrumentos de organización tradicional con los que se ha dotado la ciudadanía. Así pues, los partidos políticos, los sindicatos y el resto de organizaciones sociales existentes se convierten en los sujetos activos, mientras que el proceso hacia la sociedad alternativa está absolutamente definido por la toma de conciencia colectiva que debería llevar, a través de los mecanismos clásicos de la toma del poder, a iniciar la transformación requerida.

A continuación señalaremos las que consideramos ideas más sugerentes, que contienen los distintos proyectos analizados, en relación con el proceso de transición.

Sin duda el autor que más atención presta al proceso de transformación es J. Holloway. Posiblemente esto se deba al hecho que en su discusión alrededor de las alternativas es el proceso mismo lo que se convierte para él en un acto fundamental de ruptura con el capitalismo. Así pues para Holloway el proceso se puede considerar ya parte de la alternativa. Destruir el capitalismo y crear una sociedad alternativa a éste son según el autor procesos que han de desarrollarse a la vez. Holloway pone el acento en los pequeños grupos que ya existen y sitúa el proceso de transformación como una práctica posible aquí y ahora. La revolución tradicional está ubicada en el futuro y Holloway opina que ésta no llegará nunca. Considera que una visión lineal de la revolución (acumulación de fuerzas etc.) menosprecia los movimientos presentes, situando el contexto actual en un “reflujo” de la revolución del pasado. La transformación según Holloway no es lineal y se da siempre en el presente. Los intentos son siempre contradictorios y experimentales, están siempre en movimiento.

Holloway parte del supuesto de no establecer un modelo o un proceso de transformación social. “Caminar en la oscuridad”. No repetir los procesos que ya se han intentado en el pasado y que nuevamente nos conducirán al fracaso. Este autor nos propone partir de la incertidumbre en lugar de buscar la estabilidad que nos proporciona el pasado.

Para Holloway se debe crear lo que el llama “espacios de anti-poder”. En estos espacios el poder hacer colectivo, o sea la actividad humana, se libera de la opresión que representa el poder del capitalismo. Según este autor, el principal mecanismo de opresión en el capitalismo es la capacidad de éste de separar el productor y el producto a partir de anular la capacidad creativa autónoma de los trabajadores, poniendo a producir esta capacidad en función de los intereses del capitalismo. Esto es lo que Holloway enmarca en el proceso del Fetichismo.

Holloway plantea una fuerte crítica al papel del estado como instrumento adecuado para avanzar hacia la transformación social. Considera que no se puede abstraer al estado de la configuración clasista de la sociedad. Según él el error de los movimientos marxistas revolucionarios no ha estado negar la naturaleza capitalista del Estado sino comprender de manera equivocada el grado de integración del estado en la red de relaciones sociales capitalistas.

Concentrar la transformación social en la toma del poder privilegia al estado como un lugar de poder. Eclipsa la transformación social. En el intento por conquistar el poder se olvida la abolición de las relaciones de poder. El partido es un entrenamiento en la burocracia, tomar el poder extiende el campo de las relaciones de poder al interior de la lucha (importa quien tiene el poder y no el construir relaciones sociales que no sean relaciones de poder).

Para Holloway, en el proceso de transformación social el punto de partida es la negación, la proyección de la protesta (“no necesitamos la promesa de un final feliz para justificar el rechazo de un mundo que consideramos equivocado.”). Hay que cambiar el mundo negando el que existe, negándonos a seguir reproduciendo la sociedad. Esta negación (o grito) supone el rechazo a esta sociedad

En el proceso de lucha se forman relaciones que prefiguran el tipo de sociedad por la que se lucha (amistad cooperación, solidaridad). Las luchas son “conscientemente prefigurativas”, crean el tipo de relaciones sociales deseadas. Por el contrario tomar el poder de forma clásica, establece relaciones a imagen de las relaciones de poder contra las cuales se lucha.

En la reflexión entorno al sujeto transformador Holloway parte de la base que no muchas personas se definen como anticapitalistas radicales, pero que de forma consciente o inconsciente el anticapitalismo forma parte de la experiencia cotidiana de la lucha contra la opresión. “En el mundo de la posible autoemancipación, la gente no es lo que parece, no son lo que son. No están contenidos en identidades sino que las sobrepasan, son brotes de las mismas, se mueven en contra y más allá de ellas.”

Organizar la revolución no es cuestión de crear un grupo particular, sino de organizar un “polo de contradicción”. Todos somos compañeros del NO, aunque tengamos visiones distintas. Debemos entender la clase social como un polo antagónico al capital, que debe destilar el impulso anticapitalista que más o menos latente está en las diversas personas.

El sujeto transformador debe partir de la experiencia cotidiana. “No debemos buscar un sujeto puro, sino todo lo contrario: hemos de buscar la presencia confusa y contradictoria de la rebelión en la experiencia cotidiana”. En el ámbito cotidiano desarrollamos formas de cooperación que nos sirven para resolver problemas cotidianos. En cada intercambio cotidiano existe un movimiento subterráneo de comunismo, un impulso hacia crear, construir y resolver de forma cooperativa, a nuestra manera sin la intervención de las autoridades externas.” El afecto y la ternura se convierten en aspectos centrales del movimiento anticapitalista, tal y como lo son en otras relaciones sociales.

Por su parte, David Schweickart plantea dos escenarios de transición hacia la Democracia Económica. Uno más radical a partir del acceso al poder de un partido socialista y otro de carácter gradual donde la acción de un partido político de masas juntamente con la participación de los sindicatos irían preparando un escenario que progresivamente se acercaría a la DE.

En el escenario más radical, planteado a partir del acceso al poder, a través de los métodos propios de la democracia tradicional, el partido que de forma legítima consiguiera el poder, debería aplicar cuatro leyes indispensables y según el autor suficientes para garantizar el desarrollo de la DE:

  1. De ahora en adelante, todos los derechos vinculados a la percepción de ingresos basados en la propiedad quedan abolidos. Esto significa que las empresas dejarán de pagar dividendos a sus accionistas. Ni las empresas ni los individuos pagarán, a partir de este momento, intereses por sus créditos. Se eliminaran todos los pagos de rentas.
  2. De ahora en adelante, todas las empresas privadas con más de “X” trabajadores (dónde “X” representa un número pequeño) serán gestionadas como consideren oportuno los trabajadores. Todos los cuales tendrán derecho a voto. La única restricción es que el valor del capital social debe mantenerse intacto.
  3. De ahora en adelante, todos los bancos pertenecientes a las comunidades donde se encuentren ubicados, y todos los trabajadores de estos bancos serán pagados con el dinero recaudado a través de los impuestos generales.
  4. De ahora en adelante, todas las empresas deberán pagar un impuesto de uso sobre el valor de sus activos de capital.

Según el autor, antes de aplicar este programa se deberían de llevar a cabo una serie de ajustes secundarios: se deberían tratar por separado las hipotecas de vivienda, las rentas de alquiler, los créditos al consumo. Se deberían adoptar medidas concretas vinculadas a aquellas personas perceptoras de pensiones y planes de jubilación que dependen de estos ingresos accionariales. Para evitar la expropiación de pequeños accionistas podrían asignarse compensaciones por carteras que no excedieran de una suma determinada.

Dieterich, en su modelo, considera que el sujeto emancipador está formado por la comunidad de víctimas del capitalismo neoliberal y de todos aquellos solidarios con ellas. La clase obrera continuará siendo un destacamento fundamental dentro de la comunidad de víctimas, pero no constituirá su fuerza hegemónica. La comunidad de víctimas es multicultural y pluriétnica, policlasista, de ambos géneros y global, y engloba a todos aquellos que coinciden en la necesidad de democratizar a fondo la economía, la política, la cultura y los sistemas de coerción física de la sociedad mundial.

En lo que se refiere al proceso de emancipación, según Dieterich, se realizará en tres etapas. La fase final será el de la sociedad sin Estado, sin economía de mercado y sin cultura excluyente. De este horizonte estratégico se derivan los contenidos, objetivos y formas de lucha de la segunda y de la primera etapa. La fase intermedia corresponderá a un tiempo de coexistencia de los elementos heredados de la sociedad global burguesa con los elementos de la nueva sociedad postburguesa. Este periodo servirá para la armonización gradual entre los niveles de desarrollo existentes entre los estados del primer mundo y el de los estados neocoloniales. La primera fase la estaríamos viviendo en estos momentos. El objetivo de esta primera fase consistiría en conseguir la concienciación de la mayoría de la población, de manera que la correlación de fuerzas a escala mundial se incline a favor de los sectores transformadores.

El programa de cambio hacia la sociedad postcapitalista deberá de luchar para conseguir los objetivos estratégicos de la nueva sociedad a partir de las relaciones de poder existentes. Este objetivo se deberá cumplir de manera que las demandas inmediatas y la lucha cotidiana reflejen los objetivos del futuro. Realismo y utopía han de ser las bases del programa emancipador.

Hoy en día se pueden identificar objetivos que se han de plantear para avanzar hacia la emancipación. En lo referente a la democratización de la economía es necesario luchar por el control de las mayorías sobre las decisiones macroeconómicas más significativas en relación con la producción, la distribución y la redistribución del producto social. La inversión es la variable estratégica, según Dieterich, por tanto las áreas de inversión prioritaria y la proporción respectiva del PIB destinada a ellas han de poder decidirse mediante una amplia participación social a través de mecanismos como el referéndum. Concretamente estos mecanismos de decisión deberían centrarse sobre la determinación del presupuesto y las asignaciones concretas hacia determinados sectores y ámbitos concretos de inversión. Otros elementos que deberían plantearse en la actualidad serían: la desconcentración de la riqueza social, conseguir la remuneración adecuada para todos los miembros de la sociedad, el equilibrio en términos de comercio internacional, la disolución de la OTAN y la abolición del Consejo General de la ONU.

Takis Fotopoulospresenta de forma muy detallada como debería de plantearse el proceso de transformación hacia una Democracia Inclusiva. La estrategia de la DI, según este autor, implica la construcción de un movimiento político programático de masas con un objetivo abiertamente universalista con el propósito de cambiar la sociedad a través de auténticas vías democráticas, empezando aquí y ahora. Esta estrategia implicaría la integración de forma gradual de un número mayor de personas en un nuevo tipo de política y una transferencia paralela de recursos económicos (trabajo, capital, tierra) fuera de la economía de mercado. El objetivo de una estrategia de este tipo debería ser producir cambios en el marco institucional, así como en el sistema de valores, que después de un periodo de tensión entre las nuevas instituciones y el Estado, en algún momento sustituirían la economía de mercado, la democracia representativa y el paradigma social que las justifica, por una democracia inclusiva y un nuevo paradigma democrático. Para desarrollar este proceso se deberán crear, desde abajo, bases populares de poder político y económico (democracias inclusivas locales), que en una fase posterior deberán confederarse.

Concurrir a las elecciones locales proporciona el medio más eficaz para difundir de forma masiva un programa de democracia inclusiva, así como la oportunidad de iniciar su implementación inmediata a una escala social importante. En cambio la participación en las elecciones de ámbito nacional es visto como un instrumento inadecuado ya que significaría plantear el proceso de transformación “desde arriba”.

El nuevo tipo de organización política debería reflejar en sí misma la estructura deseada para la sociedad. Ésta no seria el partido político habitual, sino una forma de “democracia en acción”, que emprendería diversas formas de intervención en el ámbito local, siempre como parte de un programa general para la transformación social que apunte a la transformación final de cada autoridad local en una democracia inclusiva.

En lo referido al sujeto político protagonista del proceso hacia la Democracia Inclusiva, se considera que lo que se necesita es que la nueva organización política esté fundada por la base política más amplia de activistas. Estos deberían de iniciar el proceso a partir de un encuentro que estableciera el conjunto de principios “no negociables” del grupo, a partir de aquí, la implicación en las diversas luchas locales, regionales, internacionales así como la difusión del ideario de la DI, deberían ir incrementando el número de personas del grupo hasta poder afrontar la participación en las elecciones municipales.

Los grupos comprometidos con la implementación de la DI incluso antes de tomar el poder, desde el momento en que ya fuesen suficientemente conocidos, deberían de tomar diversas iniciativas para el establecimiento de una democracia política (directa):

  • La organización de asambleas para discutir cuestiones sociales importantes. En grandes ciudades estas asambleas pueden tomar la forma de asambleas de barrio que se confederarían con las del resto de barrios para formar “la asamblea confederal de la ciudad”, formada por los delegados de cada asamblea de barrio. Esta asamblea confederal simplemente seria responsable de desarrollar las decisiones complementarias para la implementación de las decisiones locales.
  • La elección de un “ayuntamiento en la sombra” es decir que haga sombra a las actividades oficiales y presente propuestas alternativas a su agenda.
  • La demanda y la lucha por una mayor descentralización del poder político.

A nivel económico la estrategia de transición debería suponer los pasos adecuados para incrementar drásticamente la autodependencia económica del demos, avanzar hacia un sector económico demótico y crear los mecanismos democráticos para la asignación confederal de recursos.

En este sentido existen distintos instrumentos que permitirían avanzar en esa dirección. Las uniones de crédito demóticas (cooperativas financieras apoyadas por el demos), la introducción de moneda local, el incremento del poder local para recaudar y gestionar impuestos, los incentivos a la producción local de bienes y servicios, serían instrumentos válidos para la consecución de mayor autonomía económica local.

A nivel económico se debería plantear también la creación de un sector económico demótico, que implicara nuevas formas colectivas de propiedad que aseguraran el control de la producción, no sólo por parte de los trabajadores, sino por el conjunto del demos. Este sector podría incluir empresas demóticas (unidades productivas pertenecientes al demos y gestionadas por los trabajadores), así como una red demótica de cooperativas financieras que, a partir de absorber el ahorro local, facilitara fondos para financiar proyectos locales.

En el proceso de transición, juega un papel importante la creación de una cultura alternativa que debería tener como elemento vertebrador la creación de un sistema de educación integral centrado en la figura de la ciudadanía democrática a la vez que promoviera el sistema de valores coherente con el proyecto de la Democracia Inclusiva.

Algunas reflexiones a modo de conclusión.

Este Capítulo nos muestra que a día de hoy existen abundantes propuestas distintas que nos plantean como podría funcionar un sistema económico en una sociedad no capitalista. Este es un hecho importante pues a menudo se acusa a los movimientos alternativos de mantener un discurso muy centrado en la crítica pero que no plantea propuestas alternativas. Sólo con las muestras presentadas en este artículo puede verse lo inapropiado de esa crítica. Verdaderamente el problema no está en disponer o no de planteamientos alternativos, a distintos niveles, de los que existen multitud, sino que el principal inconveniente al que se enfrentan los movimientos sociales es la falta de capacidad y de fuerza política para poder avanzar en el desarrollo de las distintas propuestas alternativas.

Por otra parte, a partir de las propuestas aquí expuestas podemos apreciar la complejidad que supone el ejercicio de plantear el funcionamiento de un sistema social alternativo partiendo de la sociedad actual con un sistema de valores, un funcionamiento social, unos mecanismos de poder y un sistema económico muy alejados de los adecuados para el desarrollo de las anteriores propuestas. Este es posiblemente una de las razones por las que las propuestas presentadas aquí resultarían menos convincentes. Se hace difícil concebir en el corto y el medio plazo un cambio social de la envergadura suficiente para poder hacer viables sociedades como las aquí planteadas. Se hace difícil imaginar que aquellas clases sociales que actualmente ostentan el poder social (económico y político) puedan aceptar procesos de transformación tan profundos sin defender, hasta las últimas consecuencias y por todos los medios a su alcance, sus actuales privilegios. En este sentido resultan más convincentes propuestas como las de Fotopoulos o Holloway que se centran de manera importante en el proceso de transición.

Sin duda el mayor valor, que bajo nuestro punto de vista, presentan este tipo de propuestas es que nos dan pistas válidas para desarrollar el proceso de reflexión alrededor de cómo se podría articular una sociedad distinta. Dentro de sus muchas variantes, se observa que la mayoría de ellas comparten las ideas de que la propiedad de los medios de producción no puede ser privada, que el objetivo de la producción no puede ser la obtención de un beneficio privado sino el de satisfacer las necesidades de la población, que la organización en los centros de trabajo ha de ser igualitaria y autogestionada y que la distribución del producto social ha de asegurar que todas las personas que vivan en un lugar han de tener asegurada la provisión de los bienes materiales esenciales para unas condiciones de vida dignas. Menos unánimes en la orientación son acerca del papel de la planificación y el mercado, aunque se le concede mucha atención a la primera y sólo en algunas propuestas se le concede un papel relativamente importante a los segundos, aunque siempre mucho menor que el actual al mercado. Independientemente de otros aspectos que plantea cada propuesta, y de las muchas propuestas que dejamos de analizar, no hay duda que tenemos aquí un buen programa de formas alternativas de organizar la sociedad. No será por falta de ideas alternativas que permanecemos anclados en el capitalismo.

El hecho que se nos proponga el ejercicio de imaginar de qué forma podría funcionar una sociedad alternativa supone un desafío nada despreciable para todas aquellas personas implicadas en los procesos de transformación social.

Para finalizar cabe tener presente que, como ya se ha señalado, todos estos planteamientos se sitúan en una dimensión política y social muy alejada, desde de nuestra perspectiva, de las prioridades, los retos y las posibilidades a los que hoy se enfrentan los movimientos sociales. El momento político y social presente, caracterizado por el intento de apropiación, por parte del capital, de todo el excedente y la riqueza social existentes, representa un retroceso en todos y cada uno de los derechos sociales que conformaban la noción de ciudadanía. Sin duda, a día de hoy, las prioridades de los movimientos sociales alternativos pasan en buena medida por hacer frente a esta brutal ofensiva del capital, asumiendo que será sobretodo a partir de este proceso colectivo de lucha como se deberá ir tejiendo la sociedad del futuro. Y en la perspectiva que la lucha por lo inmediato se ha de hacer con el objetivo y dentro de la hoja de ruta de la transformación total del sistema capitalista en un sistema alternativo.


  1. A quien le interese en detalle una de estas propuestas habrá de referirse a las obras originales.
  2. La organización del sistema productivo nos parece en TAIFA de tal importancia que le dedicamos el capítulo 10 en la parte III. 
  3. Asamblea de la comunidad ‘demos’